La FIP y la FEPALC se hicieron eco y respaldaron la denuncia realizada por el SPP ante la revelación de una estructura sistemática de ataques digitales orientada a amedrentar, hostigar y desacreditar a trabajadores y trabajadoras de prensa en el país.
“La investigación periodística ‘La Red Desinformante’ expuso indicios que vinculan de forma directa a sectores del Poder Ejecutivo paraguayo con campañas coordinadas en entornos digitales contra periodistas y medios de comunicación”, indican en la publicación dada a conocer.
La investigación reveló una campaña sucia de informaciones falsas para ataques a periodistas, medios de comunicación y referentes de la oposición al gobierno cartista de Santiago Peña, administradas por la misma empresa que también promocionaba propaganda estatal pautada en redes sociales y medios digitales.
“El uso del aparato estatal y de los entornos digitales para perseguir o intimidar a quienes cumplen una función esencial de control democrático representa un grave retroceso institucional y un mecanismo de censura indirecta que resulta incompatible con las garantías de un Estado de derecho”, sentencian.
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Mencionan el comunicado del SPP en el que el gremio expresó que las últimas investigaciones periodísticas sobre la vinculación del Gobierno y, particularmente, del Mitic, con una estructura dedicada a atacar y desacreditar a trabajadores y trabajadoras de prensa y a medios de comunicación, presuntamente financiada con recursos públicos.
En su comunidado, el sindicato denunció que estos hechos son de extrema gravedad y un motivo suficiente para exigir la destitución del ministro Gustavo Villate.
“Tal como lo expresa el comunicado de nuestra organización afiliada, la gravedad de este escenario se incrementa ante las sospechas de que esta maquinaria de hostigamiento y desinformación digital habría sido sostenida mediante la malversación de recursos públicos. Ante esta situación, la FIP y la FEPALC junto al SPP exigen al Ministerio Público paraguayo que actúe con celeridad para desmantelar estas estructuras y asegurar que los funcionarios o actores involucrados rindan cuentas ante la justicia”, señalan.
Las federaciones agregan que la inacción o la impunidad frente a agresiones de esta índole vulneran los derechos fundamentales, debilitan la democracia y violan las obligaciones internacionales que el Estado paraguayo ha suscrito en materia de protección de la libertad de expresión y de prensa.
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Hostigamiento de Villate
Además de las sospechas del uso de fondos públicos para los ataques a la prensa libre y trabajadores, el ministro encargado de la política comunicacional del gobierno atacó a un periodista al intentar desprestigiarlo al tildarlo de “comunista” y acusarlo de hacer una “campaña sucia” contra el gobierno cuando se le consultaba sobre la falta de informes del dinero público de su cartera de estado otorgado al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
A esto se suma una denuncia del SPP de un caso de censura en Radio Cáritas, donde por una supuesta presión del gobierno y mediante amenaza de retirar la pauta estatal, obligaron a eliminar una publicación en las redes sociales de la radio en la que el medio se hizo eco del pedido de destitución de Villate.