“Mañana presentamos con el Dr. Cristian González, abogado del @PLRAOficial, una denuncia penal contra empresarios del transporte, por su regulada criminal de acuerdo a la ley 716/96 de la cuarentena sanitaria. Porque también la mafia del transporte tiene que irse #ParaguaySinMafias”, adelantó Efraín Alegre, titular del PLRA.
Según sus expresiones, la actual regulada implementada por el sector del transporte es una acción “criminal” que pone en riesgo a los usuarios de los ómnibus, que diariamente se exponen a aglomeraciones en los buses por la escasez de estos.
Alegre cita en su anuncio, que los motivos por los cuales denunciarán a los transportistas es por trasgresión a la ley 716/95 que “protege el medio ambiente y la calidad de vida humana contra quienes ordenen, ejecuten o, en razón de sus atribuciones, permitan o autoricen actividades atentatorias contra el equilibrio del ecosistema, la sustentabilidad de los recursos naturales y la calidad de vida humana”.
Por su parte, el abogado Cristian González explicó que la denuncia es principalmente por la violación a la cuarentena sanitaria y el decreto que reglamenta las condiciones de cómo deben viajar los pasajeros en los colectivos. Conforme explicó, en estas circunstancias (las reguladas) los transportistas son instigadores y partícipes de la violación de las disposiciones sanitarias al propiciar la aglomeración de pasajeros en los ómnibus y también en las paradas.
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“Entendemos que como mínimo, si se le imputó a cualquier ciudadano por aglomeración, a César Ruiz Díaz, gerente de Cetrapam y a los empresarios agremiados a esta organización deben ser imputados por la Fiscalía”, puntualizó.
González también mencionó que están analizando un presentar una denuncia por lesión de confianza contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) por “omisión”, porque se encuentran erogando recursos públicos con el subsidio sin que los transportistas cumplan todos los requisitos necesarios para recibir dicha compensación.
“Con el billetaje electrónico se demostró que están cobrando un monto (los transportistas) que no corresponde y entonces ahí hay, como mínimo, una omisión de control, obligación del MOPC, que produjo un daño patrimonial al Estado”, sentenció.
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