Ni matar, aniquilar o bombardear: FTC solo puede “capturar” a criminales

El capitán de Navío Óscar Chamorro León, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), dijo este martes que ellos no pueden matar ni aniquilar a los grupos criminales dispersos en todo el país como el EPP y la ACA porque tienen la orden de capturarlos. Explicó que esto se debe a que así lo disponen el derecho internacional humanitario —que exige una serie de requisitos para dar estos pasos— y las legislaciones nacionales, y no por una orden del Comando en Jefe.

Efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) prosiguen tareas en busca de  liberar a Denis.
Efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) durante las tareas en busca de Óscar Denis, en octubre pasado. El exvicepresidente es uno de los secuestrados por el EPP.Archivo, ABC Color

La pregunta recurrente es por qué desde su creación en 2013 la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) no puede acabar con los grupos criminales en el norte del país. Su actual comandante trató de esbozar una defensa de las acciones que lleva adelante para tratar de justificar lo que para la opinión pública es un grupo que va de fracaso en fracaso.

El capitán Chamorro León sostuvo que ellos no pueden asesinar ni aniquilar a los criminales una vez que los identifiquen en determinadas zonas —si es que lo hacen— porque se lo impide la legislación vigente en nuestro país, especialmente en lo que tiene relación a los Derechos Humanos. Y, en ese contexto, manifestó que la orden tácita con la que cuentan es de capturarlos una vez que los hallan.

“No podemos aniquilar porque las leyes que tenemos son las leyes nacionales; solo puedo sacar la vida en defensa propia. Yo, sabiendo la ubicación de un campamento, no puedo lanzar una bomba, por ejemplo”, señaló.

Para que la FTC pueda hacer esto deben darse dos requisitos: que los criminales abran fuego contra ellos para que militares y policías puedan usar el argumento de una defensa propia, o que estos grupos alcancen un estatus que permita declarar un “conflicto interno armado” a través del derecho internacional humanitario. Y para que se declare esto último se debe medir la “intensidad del conflicto” y la “organización de las partes”, no el estatus de “beligerante” del grupo.

“Tenemos el aspecto jurídico (que les rige), probablemente somos inconstitucionales para algunos. Los uniformados, y sobre todo los militares, somos respetuosos de que estamos subordinados al poder civil o político (…) y nosotros hacemos lo que nos dicen que tenemos que hacer, no elegimos las misiones, ese no es nuestro trabajo”, manifestó Chamorro.

El comandante agregó que las órdenes que reciben no son las de evitar a estos criminales, sino más bien las de ceñirse a estas disposiciones jurídicas nacionales e internacionales, y que eso no depende del Comando en Jefe; es decir, del presidente de la República. Alertó también que, de no respetar estas disposiciones, podrían ser enjuiciados.

Chamorro expresó también que existen varios factores por los cuales no pueden dar con estos grupos para capturarlos y que no todo tiene que ver con el dinero asignado a la FTC año tras año. Habló del área y de las condiciones del terreno que les impide actuar como deberían dentro del marco de la ley.

“Tenemos 49.000 millones de presupuesto en pandemia. No se trata luego de dinero, sino de un tamaño de blanco muy pequeño (…) Solamente estando uno en el lugar uno se da cuenta que cerca no es tan cerca, eso se da por tamaño y por terreno”, indicó.

Orden de “pacificar”

El capitán añadió que la orden que recibe la FTC es la de “pacificar”. “La misión que nos dan es pacificar, eso nos impide atacar, bombardear, matar directamente. Si hacemos un análisis simplista, no estamos haciendo bien nuestro trabajo (…) pero la configuración de la amenaza es diferente”, manifestó para justificar la existencia y acciones de la fuerza.

“Tenemos que entender que la guerra contra el terrorismo no son los mismos plazos (…) Nosotros decimos que esta gente (los criminales) están haciendo estos actos de forma continuada y sostenida en un área muy amplia: desde cerca de Hugua Ñandu hasta la frontera con el río Apa, pasando a Brasil inclusive. En línea recta tenemos unos 110 kilómetros (…) Son aspectos que preocupan”, finalizó.

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