Fiscalía insiste en el juicio oral a Samudio

El Ministerio Público sostiene que la expresidenta de Petropar, Patricia Samudio, su esposo y otros cuatro acusados de lesión de confianza deben enfrentar juicio por el esquema criminal que montaron para “tragarse” casi G. 360 millones al inicio de la pandemia por covid-19.

La fiscal Liliana Alcaraz conversó anoche con el programa Expediente Abierto, emitido por ABC TV.
La fiscal Liliana Alcaraz conversó anoche con el programa Expediente Abierto, emitido por ABC TV.SILVIO ROJAS

El programa Expediente Abierto, emitido por ABC TV, analizó anoche el caso de la compra irregular de agua tónica, tapabocas y otros insumos que realizó Petropar en marzo de 2020, con la excusa del combate al coronavirus. Para la fiscal Liliana Alcaraz no hay otra salida procesal que el juicio oral a Patricia Samudio, extitular de la petrolera estatal, además de su esposo José Costa Perdomo, así como otros cuatro funcionarios acusados por el delito de lesión de confianza.

Ante la posible estrategia de la defensa de Samudio, de pedir la extinción de la causa y por ende la absolución de los procesados, alegando que los G. 359.700.000 (monto del perjuicio que sufrió el Estado), ya fue devuelto en su totalidad por la empresa Solumedic S.A, la agente del Ministerio Público indicó que la devolución del dinero fue posterior al delito que cometieron los acusados.

“Que el dinero se haya devuelto es un hecho que debe ser evaluado solo y únicamente al momento de la medición de la pena. Si la intención de la defensa es que la causa penal se extinga porque se devolvió el dinero, debe contar con el acuerdo de la Fiscalía, y nosotros no vamos a dar nuestro consentimiento para que eso ocurra”, puntualizó la fiscal de Delitos Económicos.

Alcaraz remarcó que para la Fiscalía la causa se debe discutir en un juicio oral, aunque los directivos de la empresa Solumedic S.A Liz Adolfina Chamorro Ferreira y Víctor Ramón Cabañas Fernández hayan devuelto al Estado los G. 359.700.000.

La audiencia preliminar, que en principio fue fijada para el pasado 29 de julio, se reprogramó para el jueves 26 de agosto, ante el juez Julián López, porque el abogado Enrique Kronawetter pidió que estén presentes en la diligencia los representantes de la Procuraduría General de la República y Petropar.

La acusación

El proceso para la compra inició el 16 de marzo de 2020 con una nota del gerente de Seguridad Industrial, Salud Ocupaciones y Medio Ambiente de Petropar, Roberto Luis Cabrera.

Al día siguiente, 17 de marzo, el documento fue recepcionado en la Unidad Operativa de Contrataciones y ese mismo día, el director Félix Marcelo Chávez elevó un dictamen a la presidencia de Ptropar, en el cual justifica la compra. Esa misma fecha Patricia Samudio autorizó el llamado y el 18 de marzo, a las 12:15, se procedió a la apertura de sobre.

El 19 de marzo Samudio firmó la adjudicación a la firma Solumedic y el 27 de marzo se hizo la supuesta entrega de las mercaderías, por las que Petropar pagó G. 338.811.240 (con la retención de impuestos), por la petrolera estatal nunca recibió los insumos por los que pagó la millonaria suma.

Enlance copiado

Lo
más leído
del día

01
02
03
04
05