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A través de un comunicado a la opinión pública que se dio a conocer este viernes 27 en una conferencia de prensa llevada a cabo en la sede de la entidad en el microcentro de Asunción, las principales autoridades y los asesores jurídicos dejaron en claro que celebran el desmantelamiento de la organización criminal con la detención del ciudadano brasileño de origen libanés, Kassem Mohamad Hijazi.
“Este tipo de acciones nos posibilita construir entre todos un país transparente y fortalecido, que se proyecta bajo el amparo de leyes que permitan erradicar el contrabando, la evasión impositiva, además de otros delitos que tanto daño hacen a nuestro querido Paraguay”, dice parte del pronunciamiento.
En la conferencia hablaron del tema y sentaron la postura de la comisión directiva el vicepresidente del gremio, Alfredo Estigarribia; los asesores jurídicos Darío Caballero Bracho y José Wilfrido Escobar, entre otros miembros.
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La entidad en el comunicado manifiesta su disconformidad con las expresiones vertidas por varios medios de prensa locales “que asocian en forma general al profesional despachante de aduana a supuestos delitos de lavado de dinero, evasión y otros”, en el caso puntual de la detención de Hijazi.
Añade que desde la entidad seguirán defendiendo “la delicada y sacrificada gestión que lleva adelante el profesional despachante de aduana, quien actúa bajo el mandato de importadores y exportadores, siendo su intervención técnica esencial para la correcta y adecuada liquidación de los tributos, disponiendo de las mercaderías en forma oportuna para su comercialización”.
El CDAP destaca que viene trabajando con varias instituciones del Estado, dotando de herramientas tecnológicas a las mismas, fortaleciendo de esta manera los controles y minimizando los riesgos ante eventuales situaciones delictivas.
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En ese sentido, añade que “defiende a los colegas que trabajan dentro de las normas legales, repudia a las empresas que ofrecen servicios de despachos sin estar debidamente habilitadas e instando a las instituciones pertinentes a ejercer un estricto control del ejercicio de la profesión”.
También exhorta a las empresas importadoras y exportadoras a la contratación de profesionales debidamente habilitados, “ratificando nuestra responsabilidad gremial en amparo a la profesión y con compromiso ante la institución aduanera que nos regula para construir entre todos un país mejor”.
Aduanas debe aclarar
Escobar aseguró que Hijazi no es socio del Centro de Despachantes de Aduana del Paraguay y que desconocen si está registrado y habilitado como tal en Aduanas, ya que los registros de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) no son públicos. En ese contexto, mencionó que solicitaron al titular de la DNA, Julio Fernández, que aclare si el detenido está registrado y habilitado para operar como despachante, pero éste hasta la fecha no respondió a la consulta.
El asesor jurídico dijo “no tenemos absolutamente conocimiento de si son o no profesionales, si están ofreciendo servicios de despachantes lo desconocemos, es la Aduana la que tiene que responder si están o no habilitados”.
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Sostuvo que lastimosamente es común escuchar y ver empresas que no están debidamente habilitadas ofreciendo servicios, por lo que ratifican la necesidad de que las instituciones públicas realicen un estricto control.
De no estar habilitado como despachante, la DNA debería aclarar cómo es que estaba operando en forma irregular como tal desde hace años, de acuerdo con las consultas realizadas en la conferencia de prensa.
Requerido por EE.UU.
Kassem Hijazi, requerido por la Justicia de los Estados Unidos, fue detenido en Ciudad del Este acusado por lavar dinero proveniente del narcotráfico.
Tras su detención la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció la aplicación de sanciones al detenido y a dos ciudadanos paraguayos a los que señala como socios del brasileño en sus actividades ilegales: Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldán.
El Departamento del Tesoro señala que Kassem Hijazi operaba como “despachante” - personas que trabajan en la zona de la Triple Frontera con conexiones que les permiten acelerar trámites burocráticos para la importación o exportación de bienes y que han sido vinculadas a ilícitos como sobornos, falsificación de facturas, evasión de impuestos y contrabando – al menos desde 2017, controlando una “organización de lavado de dinero” que opera “a una escala global con la capacidad de lavar cientos de millones de dólares”.