Aduanas dice ser la “verdadera víctima”

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) sostiene que la entidad es la “verdadera víctima” del robo de gran parte del cargamento de productos electrónicos declarados de contrabando, porque el comiso ya estaba firme. La carga fue valorada en G. 18.801 millones y el remanente fue vendido por G. 600 millones en forma directa. El remate de toda la mercadería le podría haber dado al Estado un importante ingreso, pero no hay responsables porque la investigación no avanza.

El contenedor retenido en 2019 y cuya mayor parte de las mercaderías fue robada en agosto de 2020.
El contenedor retenido en 2019 y cuya mayor parte de las mercaderías fue robada en agosto de 2020.

Con el robo registrado en agosto del año pasado en el depósito aduanero de Gical, ubicado en Mariano Roque Alonso, la DNA perdió gran parte de las mercaderías decomisadas que estaba bajo su custodia y que podría haber dejado una importante recaudación para el Estado, por la vía del remate público, atendiendo el valor total del cargamento.

La entidad, a través de su cuenta en Twitter, califica de falso que haya rematado mercaderías valoradas en US$ 3 millones “por solamente G. 600 millones” y, en ese contexto, inicia un breve relato de los hechos que sucedieron en aquel entonces buscando contrarrestar las acusaciones dentro de un fuego cruzado que su titular, Julio Fernández, mantiene con el senador Martín Arévalo (ANR) y el empresario importador Ahmad Kalil Chams, quien dijo ser el dueño de la carga.

Explica que el contenedor salió en forma irregular de la Aduana de Encarnación a fines de 2019, en el marco de un operativo criminal publicado en la prensa y a través del Twitter del ministro anticontrabando, Emilio Fuster, pero fue recuperado por fuerzas de la UIC y trasladado al depósito de Gical.

Señala que la carga del contenedor fue valorada por técnicos de la institución en noviembre de 2019 en G. 18.801 millones (US$ 2,7 millones al cambio vigente) y luego en agosto de 2020 se detectó que gran parte de las mercaderías fueron robadas, como se publicó en la prensa y en la web de Aduanas.

En ese sentido, menciona que “las pocas mercaderías restantes son las que finalmente se adjudicaron en G. 600 millones, a la firma EMEKU S.A, en el marco de un concurso de precios del que participaron varias empresas”.

Gran diferencia

Aunque la institución no incluyó en su posteo, entre el valor total de las mercaderías y lo que finalmente ingresó por el remanente que quedó tras el robo, existe una diferencia de G. 18.201 millones (US$ 2,6 millones al cambio vigente), que quedó fuera de la posibilidad de un remate público que podrían haber engrosado la recaudación para financiar el presupuesto público.

Aduanas refiere que en su momento abrió un sumario sobre la salida irregular del contenedor de la Aduana de Encarnación y determinó que hubo contrabando y realizó la denuncia correspondiente a la Fiscalía.

En su posteo dice que también “denunció ante la Fiscalía el robo del contenedor en Gical, entregó filmaciones, rescindió contrato con la empresa de seguridad y descomisionó a los policías responsables de custodiar el depósito”, pero no menciona si se abrió sumario administrativo a los funcionarios aduaneros encargados del lugar.

¿Qué pasó de los funcionarios públicos implicados? ¿Fueron premiados a otra aduana? ¿Fueron llevados al freezer o fueron imputados y condenados? se pregunta uno de los internautas que se identifica como Elías Troche.

El robo de los productos electrónicos, sin embargo, a un año de los hechos está parado y en la Fiscalía no hubo ningún avance en la investigación para hallar a los responsables del acto ilícito. La fiscala que atendió la denuncia, Noelia Naumann, reconoció a ABC que no encontró nada en la investigación y que no recordaba ya varios aspectos del caso.

Acusaciones mutuas

El contrabando y el robo de las mercaderías salió a luz nuevamente luego de que el director nacional de Aduanas denunciara la semana pasada al senador Arévalo (ANR) por tráfico de influencias, por pedir el nombramiento de dos funcionarios, Luis Roberto Pereira Recalde y Miguel Angel Medina Prieto, como administradores de aduanas e intermediar en esta referida operación calificada de contrabando.

La denuncia desató un fuego cruzado y acusaciones mutuas de tráfico de influencias entre Arévalo y Fernández, quienes antes de esto oraban juntos como miembros de una iglesia evangélica, según dijo el propio legislador.

Fernández el último lunes remitió al presidente del Senado, Óscar Salomón (ANR), una nota para hacer su descargo ante la denuncia presentada por el senador Arévalo, y asegura que “la verdadera víctima” de esta sustracción es la DNA atendiendo que el comiso se encontraba ya firme, no así los recurrentes que reclaman las mercaderías.

En la nota aclara que el predio donde hasta 2015 operaba la firma Gical como depósito aduanero fue alquilado por la DNA, disponiéndose nuevamente su habilitación como depósito aduanero con la finalidad de recibir y guardar mercaderías decomisadas en intervenciones aduaneras en zona secundaria, conforme a la Resolución DNA N° 437 del 1 de agosto de 2018.

Esto implica que la responsabilidad de la custodia de las mercaderías que están depositadas en el lugar es de Aduanas, a diferencia de cuando se encuentran en el predio de los puertos nacionales o privados.

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