Con tendencia al rechazo, Diputados tratará proyecto de ley de tragamonedas

Como último punto del Orden del Día, la Cámara de Diputados tiene previsto tratar el proyecto de ley que regula las máquinas tragamonedas en sitios que no sean exclusivos de juegos de azar. La iniciativa fue aprobada por el Senado y tiene sanción ficta este 26 de octubre próximo.

Hasta el momento, hay posturas a favor y en contra de la propuesta. Por un lado, está el dictamen favorable de la comisión de Narcotráfico, Ilícitos Conexos y Graves de la Cámara de Diputados, presidida por Tito Ibarrola; y por el otro, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto, rechazan.

“Si bien persigue un objetivo muy loable, el cual es la protección de los menores de edad (término que ya no es utilizado desde la vigencia del Código de la Niñez y la Adolescencia), en cuestiones prácticas no implica más que un conflicto de competencias entre el órgano técnico a cuyo cargo se encuentra la planificación, control y fiscalización de los juegos de azar, que es la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) con las Municipalidades”, se informó desde la comisión de Asuntos Constituciones, que es presidida por el diputado Derlis Maidana.

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Además, se consideró que la propuesta contiene “incongruencias insalvables”, pues se prohíbe la instalación de tragamonedas en todo negocio o comercio que no se dedique al rubro de los juegos de azar o casinos, y luego “se establece que serán las Municipalidades quienes otorgarán los permisos de explotación de los mismos sin establecer cuáles serán los requisitos”.

Sin embargo, esta situación no sería tal porque en la Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar establece que son los municipios son los encargados de habilitar los comercios de juegos de azar en sus comercios y con esta iniciativa se ratifica lo dispuesto. Es decir, prohíbe el uso de tragamonedas en sitios no exclusivos y en el caso de las casas de juegos de azar, se mantiene la potestad de habilitación y control de las municipalidades.

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En cuanto al de Presupuesto, cuyo presidente es Tadeo Rojas, en el dictamen no se encontró la exposición de motivos. Sigue pendiente la postura de la comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, Ciencia y Tecnología, Equidad Social y Género, Juventud y Desarrollo y Asuntos Económicos y Financieros.

“Legalización” sería esquema de lavado de dinero

La iniciativa de regulación de tragamonedas fue planteada en 2019, en el Senado, y fue “desempolvada” meses atrás, en medio de los cuestionamientos hacia la “legalización” de estas máquinas por Conajzar, presidida por José Antonio Ortiz Báez. El organismo firmó un contrato directo con iCrop SA, representada por Ariel Peña Flores, para censar, catastrar y explotar las máquinas en despensas, bodegas, bares y otros comercios del país.

El Senado sospecha que se trataría de la creación de una estructura para obtención ilícita de recursos y lavado de dinero. Además, el acuerdo fue calificado de ilegal por la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Contraloría General de la República (CGR), y pese a que el dictamen de este último es de cumplimiento obligatorio por Ley N° 274/94, Conajzar mantiene el contrato vigente.

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Las medidas del Estado vinculados a la regulación de juegos de azar constituyen parte del análisis de evaluación que realizó semanas atrás la comitiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) para conocer la efectividad de las normativas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Conforme a especialistas, juegos de azar es prácticamente nulo el control del flujo del dinero, sobre todo, porque las empresas del rubro siquiera disponen de una cuenta bancaria.