Fiscalía dura por violación de cuarentena, pero muy blanda con manotazo a fondos

La Fiscalía General del Estado, con Sandra Quiñónez a la cabeza, decidió usar la mano dura con los ciudadanos que “violaron” la cuarentena sanitaria, usando incluso una figura que no existe en la ley. Sin embargo, ese mismo criterio de dureza no se demuestra con quienes hicieron esfumar fondos públicos en la pandemia y bajo la excusa de la emergencia.

Sandra Raquel Quiñónez Astigarraga, fiscala general del Estado.
Sandra Raquel Quiñónez Astigarraga, fiscala general del Estado.Archivo, ABC Color

Proceso a joven destacado y a una manifestante

El joven Ignacio “Nacho” Masulli, conocido por haber ayudado con platos de comida a miles de familias que tenían pacientes con covid-19 hospitalizados, estuvo en aprietos con la justicia por un caso originado en junio del 2020. Masulli, en febrero de este año, fue llamado a una inspección psicológica y a declarar bajo la carátula de “Delito Ambiental”; sin embargo, él solo había salido a pasear a sus mascotas durante la hora límite de la restricción de circulación en la pandemia.

La madre de Ignacio, Mónica Masulli, ambos conocidos por su solidaridad en los hospitales con parientes de enfermos con covid-19, publicó en las redes sociales el mal momento que pasó su familia, en especial su hijo.

“Nacho” había salido a pasear con sus dos perras y volvió a su casa a las 22:05, ínterin en el que fue captado por una patrullera. Los policías le dijeron a su madre que el caso debía ser remitido a la Fiscalía por supuesta falta al deber de cuidado. Curiosamente, el caso fue caratulado luego de “Delito Ambiental” y la Fiscalía siguió a la carga.

El caso de Masulli no es el único. Los fiscales Ángel Ramírez y Juan Carlos Ruiz Díaz llevaron a juicio a la abogada y activista anticorrupción María Esther Roa por el delito de “violación de cuarentena sanitaria”, tras liderar manifestaciones contra la fiscal general del Estado. En primera instancia Roa fue absuelta porque la figura penal ni siquiera existe. Los fiscales apelaron.

Tardaron casi seis meses en realizar las imputaciones

La benevolencia del Ministerio Público fue evidente en las denuncias surgidas contra el gobernador de Central, el cartista Hugo Javier González. La fiscalía tardó casi seis meses para imputar al jefe departamental por los supuestos hechos de lesión de confianza, asociación criminal y otros.

Las irregularidades en el manejo de los G. 6.382 millones (US$ 1.000.000) del fondo de emergencia por parte del citado exanimador de fiestas saltaron en mayo del 2021. La Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) presentaron una denuncia formal contra González el 8 de julio del año pasado.

En las denuncias de la Senac y de la SET fueron adjuntadas una catarata de evidencias, como facturas clonadas, obras inexistentes, pagos irregulares, etc. Sin embargo, la fiscalía hizo caso omiso a las evidencias y recién el 1 de noviembre de 2021 formuló imputación contra el gobernador y otras 14 personas, entre ellas, funcionarios de la institución y miembros del Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), ONG beneficiada con los fondos públicos.

La causa actualmente continúa paralizada gracias a las chicanas de los abogados defensores del jefe departamental y la tibia reacción del Ministerio Público. El último trámite relevante fue la decisión de la jueza María Elena Cañete, de ordenar el arresto domiciliario del director de Administración y Finanzas de la Gobernación, Javier Marcelo Rojas Giménez.

Las próximas audiencias preliminares están previstas para mañana y durante toda la semana entrante. Sin embargo, todas involucran a los contratistas y empleados de la institución departamental no así a Hugo Javier.

Llamativas actuaciones sobre “insumos chinos”

Casi dos años después de la aparición del primer caso de coronavirus en el Paraguay, el caso de los “insumos chinos” sigue siendo un ejemplo de impunidad.

En medio de la expectativa generalizada llegó a Paraguay el gigantesco carguero proveniente de China y en el que llegaban los insumos que debían entregar las firmas Insumos Médicos SA (Imedic SA) y Eurotec SA, ambas propiedad de Justo Ferreira, Carlos Borrel y Roque Dagogliano.

Esa misma semana, el Ministerio de Salud anunció el rechazo de dichos artículos que habían llegado desde China de la mano de la familia Ferreira. Las camas de terapia no reunían las especificaciones establecidas y los equipos de bioseguridad no alcanzaban los niveles de seguridad requeridos.

Además, la empresa no declaró el ingreso de 50 camas, motivo por el cual Aduanas confirmó una millonaria multa por contrabando.

En mayo de 2020 y luego de un proceso llamativamente lento, el entonces ministro de Salud, Julio Mazzoleni, presentó una denuncia por las irregularidades. La causa está identificada como N° 52/2020 “Persona innominada s/estafa”.

Hasta ahora la causa se limitó al contrabando de las camas hospitalarias, pero no se investigó la estafa ni el posible lavado de dinero.

Nenecho, otro de los protegidos de la FGE

Desde hace más de cuatro meses duerme en la Fiscalía la denuncia presentada por representantes de la oposición contra el intendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez, por las supuestas irregularidades cometidas durante las compras en el marco de la emergencia sanitaria. Ante la presión ciudadana, solo se designó a los fiscales Juan Manuel Ledesma y Jorge Arce para indagar al jefe municipal por supuesto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lesión de confianza y estafa.

Además, una serie de irregularidades más fueron cometidas en la Municipalidad de Asunción bajo la administración de Rodríguez, usando como excusa la pandemia de coronavirus. Así al menos lo revela el dictamen técnico de la Contraloría General de la República.

Los antecedentes señalan que en el 2021 los intendentes Nenecho y César Ojeda (interino) continuaron realizando compras de forma directa, sin licitaciones convocadas a través de Contrataciones Públicas tal como debe hacerse en el marco de la transparencia y la sana competencia.

Ni se molestaron en investigar al “Tigre”

Otro caso de parcialidad de la actual Fiscalía General del Estado quedó evidenciada con el rosario de denuncias existentes contra el gobernador de Canindeyú, el cartista César “Tigre” Ramírez. Este recurrió a un sistema calcado de su colega y correligionario de Central, Hugo Javier González, de entregar los G. 6.382 millones (US$ 1.000.000 ) del fondo covid a una ONG.

Las quejas contra el citado exfutbolista devenido a político y ahora con intenciones de ser senador, comenzaron a finales del año pasado. Los hallazgos mostraron groseras anomalías en el desembolso a las apuradas de la plata pública. Los trámites se realizaron en cuestión de horas, según las documentaciones.

Los papeles también evidenciaron que el jefe departamental entregó los fondos públicos a entidades cuyos miembros eran de su entorno familiar, como Nolberto Martínez, un exfuncionario de la gobernación y de la madre de Ramírez.

A pesar de las pruebas, la fiscalía no se animó a abrir una investigación contra Ramírez. Tampoco la Contraloría General de la República (CGR) ordenó alguna auditoría. El gobernador, abrumado por las acusaciones de irregularidades, había anunciado a mediados de enero que pedirá una verificación a dicho ente de control. Pero solo quedó en promesas.

juan.jara@abc.com.py

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