El informe de la cartera económica revela que al mes de febrero la Caja de Jubilaciones recibió en concepto de aportes de los funcionarios activos G. 469.819 millones (US$ 67,4 millones) y pagó en concepto de beneficios jubilatorios G. 624.886 millones (US$ 89,6 millones), lo que deja una diferencia negativa de G. 155.068 millones (US$ 22,2 millones), que equivale a -25%.
La Caja Fiscal está conformada por seis sectores de funcionarios públicos: empleados, docentes universitarios, magistrados judiciales, policías, militares y maestros. De este grupo, los primeros tres tienen superávit en sus cuentas, en contrapartida los últimos tres arrastran déficit desde hace años.
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Los empleados cuentan con un superávit de 92%, docentes universitarios 27% y magistrados judiciales 37%; en tanto que los policías acumulan déficit de -53%, militares -70% y docentes -45%.
El saldo rojo de los uniformados, según la explicación que dio en su momento Hacienda, se financia con los fondos provenientes de la recaudación de los impuestos, mientras que el de los maestros se cubre con parte de los recursos de los sectores con superávit.
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El ejercicio 2021 había cerrado con un déficit de más de G. 1,1 billón (US$ 163,4 millones), lo que representó una diferencia negativa del -31% entre el ingreso obtenido en concepto del 16% de aportes de los funcionarios activos y los haberes pagados a los jubilados.
En el arranque del año 2022 la tendencia no fue diferente, sino que va agravándose y enero terminó con déficit del -28%, que implica G. 88.379 millones (US$ 12,7 millones).
Jubilaciones “es una bomba”
El director de Jubilaciones y Pensiones, Jorge Delgado, había advertido el pasado mes que el déficit de la entidad “es una bomba” y que hay muy poco tiempo para implementar una solución integral, por lo que consideró urgente consensuar con los diversos sectores que componen la Caja Fiscal una alternativa para paliar el resultado negativo.
Un estudio de Hacienda, que dio a conocer el año pasado, indicaba que en 2029 se estaría destinando de los impuestos pagados por toda la ciudadanía alrededor de US$ 3.536 millones para cubrir el déficit de las jubilaciones en el sector público.
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Las asociaciones de jubilados y funcionarios activos, por su parte, pidieron a Hacienda que deje de financiar el déficit con los fondos de este sector y que actualice los haberes, que implica equiparar al salario que cobran los empleados del Estado.
El informe de Hacienda al mes de febrero revela que la Caja Fiscal tiene 231.938 aportantes, que son los funcionarios activos de los diferentes sectores públicos; en tanto, cuenta con 67.800 jubilados.