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Allanan municipalidad de Maracaná y secuestran ambulancia presuntamente sobrefacturada

Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Por falta de pago, secuestraron la ambulancia propiedad de la Municipalidad de Maracaná
Por falta de pago, secuestraron la ambulancia propiedad de la Municipalidad de Maracaná

MARACANÁ, Canindeyú. Un oficial de justicia y agentes policiales, con orden judicial en mano, allanaron esta mañana la sede comunal de Maracaná, administrada por el intendente José Cantero. Secuestraron una ambulancia, por presunta falta de pago, según el documento. Se habla de una presunta sobrefacturación e irregularidades en el proceso de adquisición.

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Se trata de un vehículo tipo furgón de la marca Iveco, Dally, que fue adquirido por la anterior administración de Alfredo Gayoso por un monto de G. 620 millones. La adquisición se formalizó en el año 2020 de acuerdo con el informe brindado por el actual jefe comunal, quien también dijo que la ambulancia no cuenta con Unidad de Terapia Intensiva (UTI), tal como consta en el pliego base y condiciones.

En el marco de la acción preparatoria de juicio ejecutivo, promovido por la empresa vendedora, Compañía Imperial del Paraguay S.R.L., la abogada Monserrat Vera, jueza de Paz de San Juan Nepomuceno, Caazapá, otorgó el mandamiento de secuestro del rodado, que fue ejecutado en la mañana de este martes por el oficial de justicia Fernando L. Jara.

En comunicación con el intendente actual José Cantero (Alianza), dijo que el caso tiene un trasfondo grande, que incluye la supuesta falsificación de una factura de la Municipalidad por un monto de G. 74 millones, que la empresa vendedora no reconoce. Además de que la compra habría sido sobrefacturada con una adenda de G. 20 millones más, para la adquisición de una heladera de la misma firma, en forma irregular, ya que no pasó por Contrataciones Públicas.

Cantero informó que el gobierno anterior dejó una deuda de G. 234 millones por la ambulancia, lo cual fue constatado durante el corte administrativo. Sin embargo, llamativamente la firma reclamó un monto mucho menor: G. 192 millones. “En ese entonces habíamos encontrado la factura de 74 millones que se rindió ante todas las instituciones públicas de control”, según aclaró.

El intendente añadió que en tales circunstancias no puede proceder a pagar ya que puede incurrir en algún delito por doble desembolso de recursos de la comuna, además de que el monto no coincide, ya que los G. 20 millones no se pueden sumar a la deuda debido a que no pasaron por Contrataciones Públicas y no cumplen con los requisitos legales para ser pagados.

Esta corresponsalía contactó con la empresa Compañía Imperial del Paraguay S.R.L. para conocer los detalles de las negociaciones, pero la funcionaria dijo que no estaba autorizada para brindar informaciones.

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