Nucleaciones dedicadas a la industria y la producción, como la Unión de Gremios de la Producción, la Unión Industrial Paraguaya, la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod) se unieron para emitir un comunicado en el que condenan la violencia y el crimen transnacional y manifiestan que “no hay república ni desarrollo” si continúa este fenómeno de sometimiento por parte de la mafia.
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Expresaron su repudio hacia la normalización de la violencia basada en la ausencia del Estado en la gestión de seguridad. Por tanto, solicitan que en la brevedad den curso a ciertas acciones, entre ellas:
Poner foco en control de espacio aéreo
Piden que se instalen y pongan en operación radares para el control del espacio aéreo en nuestro país.
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Plantean también aprobar la ley de derribo de aviones, que actualmente está en tratamiento en el Poder Legislativo, así como poner en operación los aviones y el centro operativo para el control de nuestro espacio aéreo.
Por otro lado, los gremios instan a poner pronto en operación escáneres de contenedores en todos los puertos de exportación.
En otro orden exhortan a dotar a las cárceles con equipamiento necesario para su operación y además llevar adelante la reforma del sistema penitenciario.
En uno de sus puntos más importantes, los gremios productores e industriales piden estudiar y aprobar con urgencia un proyecto de ley para el endurecimiento de las penas de crímenes cometidos por sicariato.
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Combate frontal al “narconegocio”
Con respecto a otros temas que brinden una solución a estos hechos de violencia, piden un combate más efectivo al “narconegocio en todas sus formas” y solicitan a la Seprelad y la Fiscalía que obtengan “resultados medibles con los grandes lavadores”.
A la vez, exigen que las autoridades de las instituciones encargadas de velar por la seguridad sean personas que combatan efectivamente al crimen organizado y así “generar transformación de instituciones de seguridad”.
Por último, solicitan “cumplir y hacer cumplir” la ley de financiamiento político, en la cual se contemplen sanciones donde se imposibilite postularse a cargos a quienes incumplan la ley.
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