La Fiscalía General del Estado, a cargo de Sandra Quiñónez, de un tiempo a esta parte, utiliza las redes sociales para promocionar avances en procesos de poca monta y así responder a los cuestionamientos sobre su selectividad investigativa.
Sin embargo, de los casos graves y en los cuales se indagan supuestos hechos punibles de lavado de dinero, contrabando de cigarrillos, asociación criminal y terrorismo no hacen mención alguna.
Para ejemplo nada más está el caso que involucra a Darío Messer, “hermano del alma” del expresidente y “significativamente corrupto” para EE.UU., Horacio Cartes. La apertura del proceso contra el “doleiro” data del 2018, según los registros del Poder Judicial.
René Fernández, exfiscal y actual ministro Anticorrupción, lideró entonces el equipo investigador y en poco tiempo mostró avances importantes a partir del primer informe de inteligencia financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) remitido el 27 de diciembre de 2017.
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Llamativos atrasos en casos graves
En el marco de este proceso, Fernández, sin perder mucho tiempo, imputó a los principales investigados por supuesto lavado de dinero y asociación criminal como ser Darío Messer, el hijo de este Dan Wolf Messer, Juan Pablo Jiménez Viveros (primo de Horacio Cartes), Ilan Grinspun, entre otros.
Tras la renuncia de Fernández, en julio de 2019, esta causa quedó íntegramente a cargo de los fiscales Francisco Cabrera, Osmar Legal, Liliana Alcaraz y Jorge Arce. A partir de entonces, ya el proceso comenzó a sufrir llamativos atrasos, de acuerdo con los antecedentes.
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El único avance “significativo” que mostró el Ministerio Público fue la acusación, solicitando la aplicación del procedimiento abreviado, contra Jiménez Viveros y Grinspun. Sin embargo, ambos lograron zafar de la cárcel pagando G. 10 millones cada uno en concepto de reparación del daño social.
Otro “logro” de este equipo fiscal fue imputar a Roque Fabiano Silveira, por frustración a la persecución y ejecución penal, debido a que entre mayo y noviembre de 2018 escondió al “doleiro” Messer, con orden de captura emitida tanto por la justicia brasileña como la paraguaya, en su estancia de la ciudad de Salto del Guairá. Silveira, sin embargo, consiguió la suspensión condicional del procedimiento por pedido del Ministerio Público donando una ambulancia.
Lo curioso es que la Fiscalía ni se acuerda del informe de Seprelad contra Silveira en el cual se cita su relación con el negocio de las tabacaleras. En esta misma alerta está Luiz Henrique Boscatto, otro conectado al negocio de los cigarrillos.
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Messer, en tanto, está cumpliendo una condena de 13 años y cuatro meses de cárcel en Brasil, por lavado. Sus bienes en el país siguen siendo administrados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) porque la fiscalía aún no solicitó el comiso, pese a los cuatro años de la apertura de la causa.
Otro “autobombo”
El Ministerio Público igualmente promociona como logros la condena en casos sobre el clan González Daher, de Luque. Sin embargo, el trabajo investigativo también lo comenzó el exfiscal Fernández para luego pasar a manos de Osmar Legal.
Legal, por cierto, recientemente fue denunciado por la senadora Desirée Masi (PDP) de integrar el sistema de “aprietes” del clan González Daher. Esto, a partir de audios filtrados en los cuales se lo escucha conversar con Raúl Fernández Lippmann, exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Dos crímenes y sin un imputado en el país
Otra causa de la que no habla la Fiscalía hace referencia a los crímenes de Mauricio Schuartzman y el exfiscal Marcelo Pecci, en Colombia. Ambos procesos investigativos tienen a un representante fiscal en común: Lorenzo Lezcano, exministro del Interior e Inteligencia de Cartes.
Tanto el asesinato de Schuartzman como el de Pecci tendrían el sello del crimen organizado. Incluso, interceptaciones telefónicas realizadas en marco de A Ultranza Py hablan sobre el crimen de Schuartzman, aparentemente por orden de la red de Sebastián Marset (prófugo) en la cual estaba Schuartzman, según las alertas en manos de Lezcano desde mayo del año pasado.
Marset también fue confirmado por el presidente de Colombia Gustavo Petro como el autor moral del asesinato de Pecci. Acá, sin embargo, no hay un solo investigado por ambos casos.
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Un allanamiento por presión internacional
Otro proceso que no está en la agenda del Ministerio Público, pese a su gravedad tiene que ver con el arribo del avión iraní-venezolano en mayo pasado. La aeronave ligada a organizaciones terroristas aterrizó en el país para llevar cigarrillos de Tabacalera del Este SA (Tabesa), cuyo accionista es Horacio Cartes.
Osmar Legal, Alicia Sapriza, Liliana Alcaraz y Manuel Doldán fueron asignados para investigar este caso. Sin embargo, las pesquisas se limitaron a un allanamiento realizado en el aeropuerto Guaraní casi a finales de junio último, por presión internacional.
Desde entonces no se habla más sobre este proceso, a pesar que Estados Unidos solicitó a la Justicia argentina la incautación del avión por su nexo terrorista. Acá nadie fue molestado por el caso ni se sabe qué hizo la tripulación del avión durante su estadía.
Treintenta de informes antilavado cajoneados
Otras de las causas que no son de interés de la Fiscalía para investigar son los casi treinta informes de inteligencia enviados por la Seprelad. Una de las alertas remitida a finales de marzo de este año es sobre el expresidente Horacio Cartes, en el cual se lo vincula en una red de lavado, proveniente presumiblemente del contrabando de cigarrillos.
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Este informe prácticamente confirma la denuncia presentada en enero de este año por el exministro Arnaldo Giuzzio, imputado el 12 de agosto último por la Fiscalía por cohecho pasivo (coima) porque habría recibido “cortesías” del presunto narco Marcus Espíndola.
Para este caso, la Fiscalía usó Facebook, Twitter y otras redes para promocionar su gestión. Así también para alardear continuamente de otros procesos leves. Sin embargo, no hace mención de pesquisas antilavado.