Esta mañana se realizó la audiencia preliminar del exgobernador Hugo Javier González (ANR, cartista) y de los exfuncionarios de la institución departamental: Karina Mazacotte, exjefa de Control Interno, Lourde Lezcano Decoud, exsecretaria general, Modesta Escobar Valiente, exfuncionaria de la Dirección de Administración y Finanzas, y Édgar José Zaracho Quintana, exasesor jurídico.
Se trata de los procesados en la causa conocida como “facturas clonadas y obras fantasmas”, los hechos punibles investigados son lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
Pero, las diferentes defensas de los acusados plantearon incidentes, como la nulidad de la acusación y en consecuencia el sobreseimiento definitivo de los procesados, beneficio del procedimiento abreviado, suspensión condicional del procedimiento y la inclusión probatoria.
El magistrado que atiende la causa, Humberto Otazú, declaró un cuarto intermedio y la audiencia se reanudará mañana martes a las 09:00 en el Palacio de Justicia de Asunción.
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En este sentido, el Ministerio Público, representado por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia y Francisco Cabrera, sostiene que existe un daño patrimonial de G. 5.105 millones del Fondo Covid-19, que el Ministerio de Hacienda transfirió a la Gobernación de Central en diciembre de 2020, durante la administración de Hugo Javier.
Sin embargo, el dinero no fue ejecutado en base a los dos proyectos genéricos que presentó la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), entidad beneficiada con la millonaria transferencia.
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Los fiscales especializados en Delitos Económicos y Anticorrupción concluyeron que dentro de la Gobernación de Central se creó un “esquema delictivo” con el fin de desviar los recursos de la emergencia por covid-19, cuyo objetivo era generar fuentes de trabajo para la población de Central.
Teniendo en cuenta la gravedad del caso, los agentes solicitaron que el caso sea elevado a juicio oral y público.
También fueron convocados por el juez Otazú los acusados Adalberto Benítez Aguilera, exjefe del Departamento de Fiscalización de Obras de la Gobernación; Javier Marcelo Rojas, exdirector general de Administración y Finanzas y, Luis Eduardo Allende Araujo, exjefe de Tesorería, pero no se presentaron. El magistrado deberá reprogramar la audiencia para los mismos.
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Esquema montado
El fiscal Rodrigo Estigarribia refiere en su documento que, con las facturas presuntamente apócrifas presentadas en la primera rendición de cuentas, aparentemente se justificaban por completo los desembolsos efectuados por Hugo Javier González como gobernador a favor de Tadeo Álvarez (imputado), presidente de la ONG CIAP. En una segunda rendición aparecieron las inconsistencias que no llegaban a justificar el monto total desembolsado por cada proyecto, añade.
Entonces, a partir de los hechos, se tiene la sospecha de que existiría un esquema montado dentro de la Gobernación de Central para lograr las sumas de dinero a través de proyectos de “obras fantasmas”, en el cual estarían involucrados funcionarios de la institución departamental, responsables de la Fundación CIAP y contratistas.