Siguen aumentando las denuncias por presuntos casos de estafa en el marco de la promesa de construcción de viviendas. La titular de la Dirección General de Registros Públicos, Lourdes González, explicó esta mañana que se trata de la modalidad denominada “en pozo” y no tiene una regulación jurídica “adecuada”, al igual que los condominios, barrios cerrados y urbanizaciones similares.

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Explicó que el desarrollador o las constructoras ofrecen unidades futuras (casas o departamentos) a los compradores, mediante contratos de preventa. “Todavía no existe ninguna transferencia de propiedad, los precontratos no se inscriben en el Registro Público porque el edificio todavía no está”, señaló.

En ese sentido, González explicó que ya tomaron conocimiento no solo de una constructora, sino de varias que fueron denunciadas por no terminar obras o “desaparecer” sin entregar lo prometido.

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Compradores están “a ciegas”

Además, destacó que desde hace varios años vienen resaltando la necesidad de que se actualicen las legislaciones en el ámbito inmobiliario, ampliando las normas del Registro Civil y recogiendo nuevas figuras inmobiliarias, para que estén en el Registro Catastral.

Confirmó que hoy, básicamente, los compradores dan “a ciegas” su dinero a las constructoras. Aclaró que no se habla de ilegalidad, porque los proyectos pueden desarrollarse legalmente, pero no tienen una “debida regulación legal” para protegerlos.

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En ese contexto, recalcó que las personas interesadas en invertir inmobiliariamente deben tener mucho cuidado y prever que un abogado incluya en el contrato cláusulas que puedan protegerlas ante conflictos futuros.