El pedido formal al Ministerio del Interior, del informe final de la intervención realizada en la Municipalidad de Asunción por parte del Ministerio Público, se enmarca en lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N.º 4059/2025 y la Ley N.º 977/1996, considerando que el interventor designado, Carlos Pereira, ya presentó el documento, el cual podría contener elementos de relevancia penal.

En paralelo, el Ministerio Público analiza un conjunto de denuncias presentadas por el interventor ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos, a fin de determinar si corresponde la apertura de causas penales.

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Entre ellas se mencionan: irregularidades en los procesos de habilitación de comercios, prescripción de más de un centenar de actas de intervención municipal que no fueron comunicadas en tiempo y forma, ofrecimiento y venta de cargos públicos, hecho que ya constituye una causa asignada a una agente fiscal.

Además de una presunta alteración de datos en los sistemas informáticos municipales, vinculada a la modificación de metrajes de propiedades con impacto en el cobro de impuestos, derivada a la Unidad de Delitos Informáticos.

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Estas diligencias forman parte del seguimiento institucional que realiza el Ministerio Público a los informes derivados del proceso de intervención, con el objetivo de garantizar el control de legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública, indica el documento.