El obispo de Caacupé, Ricardo Valenzuela, realizó una fuerte crítica a la clase política, sobre todo a la corrupción y al acaparamiento de bienes, que deja a una gran parte de la gente en la pobreza.
También insistió a las autoridades en que sus decisiones se deben basar en el bien común y que “una persona corrupta destruye a la sociedad”.
Arnaldo Ayala, de la FNC, dijo que el mensaje de Valenzuela representa el sentimiento del pueblo y principalmente del pueblo pobre, abandonado en su derecho.
Señaló que existe una brecha muy grande entre las autoridades nacionales y el pueblo, como dijo monseñor Valenzuela en su mensaje de la homilía central.
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Acceso a tierras
El dirigente campesino criticó que la justicia en nuestro país se utiliza “como garrote” para perseguir al pueblo, a los pobres, mientras que da protección a un pequeño grupo de privilegiados.
Recordó que la tierra es un recurso valioso en nuestro país para producir alimentos para la sociedad, para abastecer a nuestro pueblo, pero lamentablemente la misma está en manos de unos pocos.
Criticó que en vez de dignificar y reconocer el trabajo de campesinos e indígenas, quienes pueden aportar para el desarrollo de nuestro país, la tierra se concentra en las manos de unos pocos, negándole el acceso al pueblo trabajador. Además, estos solo acceden a changas (trabajos temporales) que paga por día, obligándoles a vivir en el día a día, sin posibilidad de poder desarrollarse.
Agregó que quienes reclaman este derecho son perseguidos con el sistema judicial, con cárcel y criminalizan la lucha por el derecho a la tierra.
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También criticó que el sistema de salud está precarizado, ya que el Gobierno deja los puestos de salud de las comunidades sin presupuesto, sin médicos, sin personal, sin medicamentos e infraestructura.
La corrupción mata toda esperanza, al ver que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) cuenta con alrededor de 12 millones de hectáreas para distribuir para fines de la reforma agraria; sin embargo, aproximadamente 8 millones de hectáreas las distribuyeron entre amigos de las autoridades y privilegiados, dejando sin nada al pueblo, lamentó.