El presidente de la República, Santiago Peña, y el vicepresidente Pedro Alliana cumplieron una agenda oficial en el departamento de Guairá, que incluyó la habilitación de obras en el Santuario de Itapé, la inauguración de la Expo Ao Po’i en Yataity y la entrega de certificados a egresados del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP).
Tras culminar el acto en Itapé, Peña fue abordado por periodistas y respondió brevemente a cuestionamientos al Gobierno central. Sobre la huelga de choferes y transportistas que afecta a Asunción y al Área Metropolitana, y que no se frenó por falta de negociación, se limitó a decir que los trabajadores del sector están en su pleno derecho de realizar medidas de presión. Indicó que se ejecutó un “plan de contingencia” para permitir la continuidad del servicio y que “todos pudieron llegar a sus lugares de trabajo”.
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Sobre el proyecto de ley de Basilio “Bachi” Núñez, que busca reglamentar la senaduría vitalicia para darles “más vida activa en la política” a los expresidentes de la República y, posiblemente, beneficiar a exmandatarios con la posibilidad de reelección en el Parlamento, respondió de manera cortante que se trata de una discusión del Poder Legislativo, insinuando que el Ejecutivo no tiene interés en el tema.
Gobernabilidad y articulación entre poderes del Estado
Por su parte, el vicepresidente Pedro Alliana puso énfasis en la gobernabilidad y en la articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo, resaltando la aprobación de proyectos impulsados por el Gobierno y programas sociales como Hambre Cero. No obstante, reconoció que aún existen sectores que no han experimentado mejoras sustanciales.
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En ese contexto, también subrayó el rol del Congreso Nacional en la aprobación de las iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo, señalando que la totalidad de los proyectos remitidos por el Gobierno, incluido el Presupuesto General de la Nación, contó con respaldo legislativo.
El vicepresidente también apeló a su experiencia previa como gobernador del departamento de Ñeembucú para referirse a la situación del interior del país. Señaló que conoce de primera mano las limitaciones que enfrentan los departamentos alejados de la capital cuando no existe un alineamiento político con el Gobierno Central.
Indicó que el actual modelo de gestión busca corregir esas asimetrías mediante una mayor presencia del Estado, aunque esta problemática persiste a nivel distrital y departamental en varias regiones del país
Discursos que no condicen con la realidad del país
En los actos realizados en diversas ciudades, el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana centraron sus discursos en la generación de empleo, la gobernabilidad y la descentralización del Estado.
Las intervenciones se dieron, sin embargo, en un contexto social marcado por problemáticas persistentes en el interior del país, especialmente la falta de empleo formal y las dificultades de acceso a servicios de salud especializados, que continúan concentrados casi en su totalidad en el área metropolitana.
En su discurso durante el acto de entrega de las obras en el nuevo templo de Itapé, el presidente Peña destacó la identidad cultural y religiosa del Guairá, así como la coordinación entre el Gobierno nacional, la Gobernación y los municipios, presentándola como una condición para mejorar la gestión pública. Asimismo, reafirmó su visión de un modelo de desarrollo basado en el trabajo y la generación de oportunidades, reiterando el compromiso de crear 500.000 empleos hacia 2028.
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No obstante, en amplias zonas del interior persisten altos niveles de informalidad laboral, escasas oportunidades de empleo estable y una fuerte dependencia de actividades de subsistencia, lo que obliga a muchos jóvenes a migrar hacia Asunción y ciudades del área metropolitana en busca de trabajo.
En cuanto al sistema de salud, la descentralización sigue siendo uno de los principales desafíos. En departamentos como Guairá, el acceso a atención médica compleja continúa limitado por la falta de infraestructura, equipamientos especializados y profesionales, lo que obliga a los pacientes a trasladarse a la capital para estudios, cirugías o tratamientos de mayor complejidad. Esta situación genera costos económicos y sociales adicionales para las familias del interior.
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