El 13 de octubre pasado fue imputado el fiscal de Emboscada Bernardo Javier Elizaur Aguirre, por presunto cohecho pasivo agravado (coima); el fiscal de Alberdi, Rubén Darío Riveros Medina, fue imputado también por presunta coima y extorsión, el 13 de noviembre. Ambos fueron desaforados y enjuiciados de oficio por la comisión de hecho punible por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado (JEM), además de que se había solicitado sus suspensiones a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en octubre y noviembre, respectivamente.
El martes último, la Fiscalía General del Estado a cargo de Emiliano Rolón, reasignó al fiscal Bernardo Elizaur a una Fiscalía de San Pedro del Ycuamandyyú (San Pedro); en tanto que al fiscal Rubén Riveros, a una Fiscalía de Filadelfia (Boquerón).
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Pese a haber transcurrido casi dos meses del pedido de suspensión para el caso de Elizaur, y poco más de un mes en el caso de Riveros, los mismos no fueron diligenciados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), debido a que el Jurado no había comunicado, vía resoluciones firmadas y con antecedentes, sus respectivos casos porque aún faltaban tres firmas de los miembros del JEM para cerrar el “circuito de firmas”.
Esa excesiva demora para la firma digital por parte de los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) fue expuesta en una publicación de nuestro diario. Este artículo tuvo su repercusión, pues el ministro de la Corte Manuel Ramírez Candia puso en conocimiento del mismo al pleno.
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Miembros del JEM piden agilizar comunicaciones a la Corte
En tal sentido, el ministro de la Corte Manuel Ramírez Candia dio lectura al título del artículo periodístico, con el objeto de poner en conocimiento del caso a los demás miembros del cuerpo juzgador de magistrados, fiscales y defensores públicos.
La publicación “obedece a la falta de comunicación del pedido de suspensión desde este órgano (por el JEM) a la Corte Suprema de Justicia. Cuando hicimos las averiguaciones con el secretario, nos informa que faltan tres firmas y una de las firmas es la mía, pero si yo vengo todos los jueves”, refirió asombrado el ministro Ramírez Candia.
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Al respecto, manifestó Ramírez Candia que “es importante arbitrar los medios para que se completen las firmas y se remita a la Corte, con la resolución mediante, y se resuelve inmediatamente”, en relación con los pedidos de suspensión para los fiscales o magistrados sobre los cuales se pidió dicha medida.
Por su parte, el secretario jurídico del JEM, César Quintana, manifestó en la sesión que el circuito de firmas culminará este viernes 19 de diciembre y luego de ello se hará la comunicación correspondiente.
Además, el funcionario dijo que se arbitrarán los medios correspondientes con los respectivos gabinetes para dar mayor agilidad para completar las firmas lo más breve posible y comunicar a la Corte.
El presidente del JEM, César Garay, al momento de hacer uso de la palabra, se dirigió al secretario del órgano: “Le instruyo formalmente a que haga firmar en forma llana a los compañeros faltantes, esas resoluciones que válidamente nos están reclamando por la postergación y estos individuos ya están enjuiciados. Entonces, que esto se firme hoy y se haga llegar en el día a la Corte”.
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Reasignan a fiscal procesado por presunta coima
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, firmó la Resolución FGE N° 5224 del 16 de diciembre, a través de la cual realizó reasignaciones de sus agentes fiscales en distintas unidades de los departamentos de San Pedro y Boquerón. Uno de los afectados por esta movida es el fiscal Bernardo Javier Elizaur Aguirre, procesado por cohecho pasivo agravado (coima) desde octubre pasado.
Mediante el documento del Ministerio Público se dispuso la reasignación del fiscal Bernardo Elizaur para cumplir funciones en la Unidad Penal N° 2, Unidad Especializada de Lucha contra el Abigeato, Niñez y Adolescencia y Electoral de San Pedro del Ycuamandyyú.
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Igualmente, por la misma resolución del Ministerio Público también fue reasignado el fiscal Rubén Darío Riveros Medina, desde la fiscalía de Alberdi a la Unidad Penal N° 2 y Unidad Penal de Ejecución de la localidad de Filadelfia, en carácter de interino.
En ambos casos, la resolución tendrá efecto a partir del 23 de diciembre de este año.