Un total de 27 personas, procesadas en el marco de la causa caratulada como “Leandro Ezequiel Céspedes y otros s/ estafa mediante sistemas informáticos”, fueron acusadas por la fiscala Irma Llano, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos. Igualmente, la agente solicitó al juzgado penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, de Lici Sánchez, que el caso se eleve a juicio oral y público.
En este caso están acusados por estafa mediante sistemas informáticos: Martín Rodrigo Rojas Martínez (25); Melina Soledad Gómez Casafuz (22); Vania Belén Báez Frutos (25); Denise Magalí Amarilla Brítez (21); y Nilsa Maricel Galeano Rodríguez (24).
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También Rodolfo De Jesús Añazco (37); Ángel Antonio Ozorio (31); Iván Alejandro Guerrero Pots (29); Carlos Antonio Flor Delgado (27); Marcos Manuel Franco (33); Ulises Javier Ruiz Díaz Prieto (33) y Micaela Adriana Vera Gómez (21).
Igualmente fueron acusadas Genifer Elizabeth Olmedo Ayala (26); Ivan Gabriel Riveros Orrego (20); Alfredo Javier Orué Franco (30); Marcelo Alejandro Delgado Díaz (36); Ricardo Alberto Arias Saldivar (22); Tomás Vidal Pérez Galbán (72); y Matías Asunción Valiente Jára (23).
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Así también se encuentran procesados penalmente Natalia Beatriz Duarte Gómez (32); Perla Marisol Gaona Saldivar (32); Daniel Matías Barrios Godoy (29); Ruth Jeanneth Escurra Alcaraz (20); Luna Arami Rojas Gutiérrez (28); Daisy Paola Pesoa Orrego (31); Thalia Naimid Cañete Baez (30), y Andrea Carolina Oviedo Cardozo (21).
En este caso, fueron víctimas César Manuel Salinas Baranda, dueño del teléfono robado y desde el cual se hicieron las millonarias transacciones financieras; así como sus padres Pablo César Salinas Rodríguez y Doria Catalina Baranda de Salinas, y su hermano Pablo Jesús Salinas Baranda, y la firma administrada por ellos, “Distribuidora JEMA SA”, dedicada al rubro de la distribución de productos lácteos.
El perjuicio patrimonial fue de un total de G. 310.000.000, de los cuales los afectados solo lograron recuperar la suma de G. 10.000.000 por parte de dos personas que inicialmente fueron investigadas, pero a través de una conciliación, llegaron a un acuerdo con los afectados y devolvieron el dinero. En tanto que una persona más está imputada y declarada en rebeldía.
Accedieron a cuentas bancarias y las vaciaron
Según los datos de la acusación fiscal, a las 18:35 del 15 de octubre de 2025, César Salinas Baranda fue víctima de un hecho de asalto entre la avenida San Martín y la calle Luis Enrique de Asunción. En esa ocasión fue despojado de un teléfono iPhone 13, en el que tenía instalado su aplicación del banco Familiar y en la que tenía vinculadas varias cuentas bancarias.
Tras aquél despojo, personas no identificadas lograron vulnerar y acceder a seis cuentas bancarias a través de la aplicación, de las cuales extrajeron millonarios montos de dinero. Así, de la cuenta de la firma Distribuidora JEMA SA, y como cotitulares figuran los citados anteriormente. De esta cuenta se extrajo la suma de G. 89.605.000.
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De una segunda cuenta, también en la que aparecen como cotitulares las personas físicas y jurídica, se extrajo el monto de G. 183.062.000; en tanto que de una tercera cuenta, se extrajo la suma de G. 26.954.613. De otras ters cuentas, habilitadas solo a nombre de César Manuel Salinas, se extrajeron sumas de G. 26.989.691, G. 1.474.149 y G. 1.400.000, respectivamente.
Las operaciones de transferencias de montos de dinero iniciaron en horas de la tarde del 16 de octubre de 2025. Entre los 27 acusados hubo quienes recibieron en total G. 5.000.000, G. 7.500.000, G. 8.000.000, G. 10.000.000 y hasta G. 15.500.000, provocando de esta forma un perjuicio patrimonial de G. 310.000.000, principalmente a la firma Distribuidora JEMA SA.
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Denuncia de operaciones financieras
Consta además en el escrito fiscal que, el 16 de octubre de 2025, César Manuel Salinas Baranda realizó su denuncia ante la Policía Nacional, en la comisaría 7° Central de Ñemby, por el hecho de estafa informática.
El 17 de octubre, la fiscalía solicitó informe al Banco Familiar, a fin de confirmar lo denunciado por la víctima. A través del informe proporcionado el 18 de octubre, se pudo corroborar los datos de los titulares de las cuentas vulneradas, al igual que los detalles de las transacciones no autorizadas.
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Para la representante del Ministerio Público “el análisis del iter criminis permite concluir que el hecho responde a un modus operandi estructurado, caracterizado por la sustracción previa del dispositivo móvil de la víctima, el acceso inmediato a aplicaciones financieras sensibles, la ejecución de transferencias en horarios correlativos y el fraccionamiento de montos, con la finalidad de dificultar la detección y el rastreo del dinero”.
Mediante esa conducta y el “acceso permitió la ejecución de transferencias electrónicas no consentidas, produciendo un perjuicio patrimonial cierto, cuantificable y económicamente relevante, por la suma total de G. 310.000.000”.