Para Raquel Iglesias, doctora en psicología, investigadora de los derechos de la mujer y ex asesora del Ministerio del Interior en esa materia, el alarmante aumento de feminicidios registrados en el inicio del año, con 6 víctimas en apenas dos semanas, coincide con el debilitamiento de la intervención estatal frente a los casos de violencia contra la mujer.
La falta de una respuesta firme del Estado genera una percepción de impunidad, explicó. “Cuando se afloja la respuesta, cuando no se ve que todas las fuerzas públicas responden integralmente, crece el número de estos hechos“, expresó.
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La experta puso como ejemplo el programa denominado “Hay excusas que matan”, que se inició durante el actual Gobierno, de Santiago Peña, pero que no tuvo continuidad, pese a ofrecer una mirada integral al fenómeno de la violencia contra la mujer y pese a los resultados que arrojó.
Además, señaló que los recursos humanos para atender los casos de violencia familiar y violencia contra la mujer, en todas las instituciones involucradas, todavía son insuficientes para darles seguimiento.
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Avance jurídico
Iglesias resaltó que Paraguay cuenta con una suficiencia legislativa notable para proteger a las mujeres. Tanto la Ley 1.600/00 contra la violencia doméstica, como la más reciente, Ley 5777/16, de protección contra toda forma de violencia, ofrecen herramientas legales sólidas que en el siglo pasado, simplemente, no existían.
Recordó que hasta 1985, con el anterior Código Civil, la mujer requería del permiso de su padre -si era soltera-, o de su esposo -si era casada-, para trabajar, estudiar o tener propiedades. Hasta 1997, el anterior Código Penal establecía una condena más fuerte para el hombre que abusaba sexualmente de una mujer casada que en caso que la víctima fuera soltera.
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Sin embargo, Iglesias advirtió que, aunque la Ley 5777/16, “no colaboró en la reducción de la violencia”, no se puede atribuir el fracaso a la norma. “Estos fenómenos, con fuertes componentes culturales, no se cambian por fuerza de la ley”, dijo.
Remarcó que el problema central radica en la ejecución efectiva, que muchas veces se ve obstaculizada porque los operadores del sistema no comprenden la naturaleza del fenómeno de la violencia. Esto, retrasa las respuestas urgentes que deberían activarse ante denuncias o señales claras.
Enero lúgubre
Solo en las primeras dos semanas del año 2026 ya se registraron 6 víctimas de feminicidio, entre ellas una niña de 12 años. Esta cifra triplica los dos casos de enero de 2025.
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El año pasado, se registraron 37 casos de feminicidio. De esas víctimas, 4 eran menores de edad, mientras que 69 hijos quedaron huérfanos. Además hubo 50 casos de tentativa de feminicidio.
Entre 2023 y 2025, 113 mujeres perdieron la vida en feminicidios.
Violencia contra la mujer: factores desencadenantes
Iglesias señaló que entre los factores que contribuyen al fenómeno de la violencia contra la mujer resaltan el abuso de sustancias como el alcohol o las drogas ilícitas, que actúan frecuentemente como un disparador crítico. Aunque aclaró que no eximen al agresor de su responsabilidad penal, estas sustancias facilitan la violencia en el entorno familiar.
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Resaltó que el nivel de educación y la cultura juegan un rol determinante en la conducta del agresor. Señaló que en estudios científicos, a nivel mundial, se observa que un mayor acceso educacional suele fomentar una visión más respetuosa de los derechos ajenos. Por el contrario, la precariedad educativa refuerza el aprendizaje de la violencia como método de resolución de conflictos, indicó.
Iglesias identificó además la presencia de trastornos de personalidad entre individuos que tienen conductas violentas, pese a que, socialmente, son funcionales. Estos sujetos suelen tener antecedentes de otros delitos y no respetan los límites ni las normas, indicó. Para ellos, agregó, la ley no representa un freno real debido a su incapacidad de aceptarla, explicó.
Para la experta, la prevención resulta fundamental, ya que los feminicidios suelen ser el final de una escalada violenta. Existen patrones y signos de riesgo, como amenazas previas, que deben ser detectados a tiempo.
Involucramiento
Iglesias resaltó que la solución al fenómeno de la violencia contra la mujer requiere el involucramiento de toda la sociedad, rompiendo el aislamiento que favorece a los violentos.
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Los vecinos y la comunidad deben estar alertas y colaborar cuando detectan una relación de maltrato. El Estado debe garantizar un seguimiento real y colaborativo entre todas sus instituciones públicas.
Iglesias instó a mirar a la familia como la unidad básica donde ocurre la convivencia y remarcó que la violencia desestructura la vida de los niños, quienes terminan buscando auxilio o cayendo, a su vez, en las drogas.