Esta mañana el precio del tomate amaneció entre G. 7.000 y G. 8.000 el kilo en finca; sin embargo, este incremento se da en la etapa final de la zafra 2025-2026, por lo que ya no representa un incentivo económico significativo para la mayoría de los agricultores.
Los productores reclamaron una mayor intervención del Gobierno Nacional, especialmente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), para reforzar los controles y frenar el ingreso ilegal del producto desde la Argentina. Sostienen que el contrabando termina saturando el mercado interno y afecta directamente la rentabilidad del sector.
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El productor de tomates, Carlos Escobar, dijo que el Gobierno siempre da la espalda a los agricultores, pero pese a la situación siguen teniendo esperanza de que realicen un trabajo eficiente a favor de la producción nacional.
Aseguró que en el mercado de abasto suele haber aparatosos movimientos de la DNIT para realizar supuestos controles, pero que la movilización de los interventores suele darse después de que los productos de contrabando ya fueron comercializados y enviados para su venta final.
Apuntó al director nacional de la DNIT, Óscar Alcides Orue, a quien trató de deficiente e inoperante, en vista de que no le interesa la producción nacional ni los intereses del pequeño agricultor. Pidió que la institución haga su trabajo y que persiga a los verdaderos contrabandistas para frenar el flagelo.
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ABC intentó comunicarse con el director de la DNIT, Óscar Orue, pero tras varias llamadas y mensajes de WhatsApp a su número 575 no respondió el teléfono celular. En caso de que quiera dar detalles sobre el tema, puede comunicarse con esta redacción.
Los productores realizan inversiones millonarias en sus fincas y requieren mayor respaldo estatal para mejorar sus condiciones de trabajo y garantizar la sostenibilidad de la producción agrícola.