El director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José González Maldonado, se encuentra en la mira de la Contraloría General de la República luego de que se revelara que su patrimonio registró un llamativo y pronunciado crecimiento en un periodo de 15 meses. En su defensa, González alega atribuciones a “honorarios cobrados”.
Al respecto, el contralor Camilo Benítez Aldana precisó que el cobro de honorario por parte de funcionarios está amparado y es legal en los casos donde el trabajador público interviene en juicios en representación del Estado.
De igual manera, aclaró que si un abogado que representa al Estado gana un juicio este puede cobrar sus honorarios a la contraparte, pero no así al Estado.
“Es absolutamente válido y legal el cobro de honorarios; siempre y cuando no sea el Estado el que paga”, puntualizó.
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“Caso por caso”
Pese a la validez en general, Benítez enfatizó que esta no es una “puerta absoluta” para todos los casos y que cada situación debe estudiarse de forma particular, es decir, “caso por caso”.
En lo que refiere al caso del director jurídico del IPS en sí, mencionó que “más que nunca hay que hacer prevalecer la presunción de inocencia”.
Pese a no querer profundizar al respecto, reiteró de igual manera que existe una investigación por el caso, aunque “recién está empezando”.
Finalmente, dijo que “en ningún momento” se refirió que el caso corresponda a un soborno, sino, “todo lo contrario” a la espera de que termine la investigación por parte de la institución.
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Contraloría sobre Nubicom
En lo que refiere al caso Nubicom y la licitación 5G, Benítez aclaró que la función de la Contraloría en el caso Nubicom es auditar si la Conatel realizó correctamente su labor de control durante el proceso de adjudicación, ya que la institución a su cargo no es el órgano encargado de otorgar licencias.
Otro punto que señaló es que hubo una falta de oferentes paraguayos al llamado, algo que calificó como un tema “no menor”.
“Para nosotros es un compromiso muy grande; lo vamos a tomar muy en serio el cumplimiento del contrato. No puede ser que la adjudicación ya sea el negocio, hay un compromiso de que hay que invertir.
Como antecedente, esta semana la Contraloría presentó un informe en el que señala aparentes irregularidades en la adjudicación por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de licencias de red 5G a la empresa Nubicom Paraguay S.A., vinculada a exsocios comerciales del presidente Santiago Peña. La CGR afirma que Nubicom Paraguay –cuya empresa madre está asentada en Argentina– fue adjudicada con la licencia a pesar de que no se pudo comprobar que la empresa cumplía requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones de la licitación, como el requerimiento de contar con al menos 100.000 clientes activos en Argentina.
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