El fiscal general Emiliano Rolón dispuso realizar una auditoría interna de gestión, en la causa penal por certificados médicos falsos contra la funcionaria de la Entidad Binacional Yacyretá, Fátima Leticia Saucedo Zelada (43), conocida como “La Negra”, que estuvo a cargo de la fiscala Silvia González Vester. En este caso, Saucedo Zelada obtuvo la suspensión condicional del procedimiento por 1 año.
De esta forma la verificación del manejo de la investigación penal estará a cargo de la Dirección de Auditoría y Control del Ministerio Público.
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Ya el sábado último, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la Fiscalía señaló “La independencia del Ministerio Público implica también responsabilidad”.
Añadía la publicación que “ante cuestionamientos sobre una salida procesal recientemente otorgada, se dispondrá auditoría del caso y, de verificarse irregularidades, intervendrá la Inspectoría General”.
Finalizaba el escrito con que “la ley permite salidas procesales. Lo que no se negocia es su correcta aplicación”.
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Con donación zafó de juicio por uso de certificados médicos falsos
El pasado 18 de marzo, el juez penal de garantías Miguel Palacios concedió a “La Negra” Saucedo la suspensión condicional del procedimiento por el plazo de 1 años y también al médico traumatólogo Germano Rodolfo Gernhofer Valdez, quien expidió los certificados médicos de contenido falso, para que ella justifique sus ausencias con los mismos.
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Es así que por el Auto Interlocutorio (AI) N° 194, el juez Palacios estableció para Fátima Saucedo la donación de G. 10 millones pagaderos en 12 cuotas a Aldeas Infantiles SOS, mientras que el Dr. Gernhofer deberá depositar el mismo monto y en las mismas condiciones (12 cuotas) a la Fundación Asoleu (Fundación de Ayuda a niños y niñas con Cáncer y Leucemia).
Los cuestionamientos se dieron luego de que la fiscala Silvia González Vester haya acusado y ratificado el pedido de que tanto Saucedo como Gernhofer vayan a juicio oral. Sin embargo, la agente cambió de postura y se allane al pedido de suspensión condicional del procedimeinto hecho por la defensa de los acusados ejercida por los abogados Federico Hetter y Mario Bobadilla, respectivamente.
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Los acusados que obtuvieron la citada salida procesal también tienen la prohibición de salir del país y cambiar de domicilio sin autorización judicial y la obligación de comparecer mensualmente ante el juzgado penal de Ejecución, son las demás reglas de conducta establecidas por el juzgado, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento serán revocadas y el proceso seguirá su curso.
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Tras bochorno en la EBY, Fátima Saucedo fue comisionada al Congreso
En julio de 2022,Fátima Saucedo fue desvinculada de la EBY luego de que se concluyó mediante un sumario que incurrió en planillerismo, tiempo en el que se dedicaba a hacer de fotógrafa de campaña del actual presidente de la República, Santiago Peña (ANR).
Pese a este bochornoso antecedente, la fotógrafa y hurrera cartista Fátima Leticia Saucedo Zelada, alias “La Negra” Saucedo en redes sociales, logró retornar al ente hidroeléctrico, con un salario de G. 30 millones.
En la audiencia preliminar precisó que es funcionaria de la Entidad Binacional, comisionada al Congreso Nacional.
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Fiscala “sacada de la galera” acusó exfuncionarios de Mario Abdo
En marzo de 2025, los fiscales Silvia González Vester, de la Unidad de Delitos Económicos, y Christian Benítez Cáceres, de la Fiscalía de Emboscada pero fue reasignado y desde este 24 de marzo cumplirá funciones también en la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
González Vester, junto con Benítez Cáceres, firmó a última hora la acusación contra a los exministros de Seprelad, Carlos Arregui, del Interior Arnaldo Giuzzio y de Anticorrupción, René Fernández, quienes cumplieron funciones en dichas carteras durante la presidencia de Mario Abdo Benítez, tamibén investigado en la misma causa.
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También fueron acusados entonces los exfuncionarios de la era Abdo Benítez, Carmen Pereira, quien fue directora general de Análisis Financiero y Estratégico de Seprelad; Guillermo Preda, director de Análisis Financiero “A” y luego director general interino de Análisis Financiero y Estratégico de ese mismo ente; Francisco Pereira, exdirector de Análisis Financiero “B”, así como Daniel Farías Kronawetter.
A los mismos se les atribuyeron los hechos punibles de revelación de secretos de servicio (Art. 315 del CPP), denuncia falsa (Art. 289 del CP), usurpación de funciones públicas (Art. 241 del CP) y asociación criminal, en la causa penal conocida como filtraciones de Seprelad.
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La Fiscalía sacó de la galera a dos agentes que “no figuraban en el radar” porque los entonces fiscales del equipo investigador, como Guillermo Sanabria renunció para asumir como magistrado, Osmar Segovia fue trasladado a Paraguarí, y los designados para acusar, Elva Cáceres y César Alberto Sosa Ayala, fueron recusados al igual que el propio Rolón y la fiscala Adjunta Matilde Moreno.