La disputa por unas 16 hectáreas en la zona de Mbatoví, Paraguarí, escaló de un conflicto de tierras a un preocupante despliegue de poder político y judicial. La designación de Jacinto Santa María como ministro de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) no es vista por la defensa de Juan Báez como un simple cambio dentro del gabinete, sino como el fortalecimiento de una estructura diseñada para despojar a un ciudadano de escasos recursos en favor de “leales” al Gobierno.
“El cargo que hoy está ocupando el señor Santa María es -desde mi análisis- producto del reacomodo del poder político. El Gobierno está transitando la etapa final de su periodo y está reacomodando a los leales. O sea, ya no fue nombrada una persona técnica, ya no fue nombrada una persona con conocimiento del área, sino que se ha nombrado un leal”, señaló Daniel Fernández, abogado de Juan Báez.
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Para el abogado, el nombramiento de Santa María en la Senatur cierra un círculo de influencia que busca “torcer la ley”. El temor radica en que, desde la cima del Poder Ejecutivo, el nuevo ministro logre consolidar el intento de despojo que iniciaron años atrás, cuando incluso se llegó a derribar parte de la vivienda de Báez mediante órdenes judiciales que luego fueron calificadas de “arbitrarias” por otros magistrados.
Título “secuestrado” en el Indert
En diciembre de 2022, el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) decidió adjudicar el lote fiscal a Juan Báez, para su inscripción oficial en la entonces Dirección General de Registros Públicos (DGRP). Ese debía ser el último trámite para que el humilde lugareño pueda poner fin a la angustia que le tocó vivir junto a su familia temiendo ser despojados de su hogar.
Sin embargo, más de tres años después, el documento final nunca llegó a sus manos. El abogado Daniel Fernández denuncia que el actual titular del ente agrario, Francisco Ruiz Díaz, mantiene el título de propiedad retenido arbitrariamente pese a que Báez abonó el monto por el que había sido tasado el inmueble.
“Lo tiene guardado en uno de los cajones de su escritorio”, afirmó el profesional, calificando la acción como una estafa institucionalizada: el Estado cobró por la tierra, pero se niega a formalizar la entrega para favorecer los intereses del matrimonio Santa María-González.
Amedrentamiento judicial a Juan Báez
Fernández contó que hace un mes el sistema judicial de Paraguarí reactivó la presión contra Báez. Supuestamente, el fiscal Osmar Segovia formuló una imputación basada en una Ley de Armas del año 2010 que ya fue derogada por la nueva normativa vigente desde 2024.
“Hace dos semanas la Fiscalía de Paraguarí le imputó al señor Juan Báez por una denuncia del año 2021 que había hecho el señor Jacinto Santa María. Lo imputan por invadir su propia propiedad y por portar una escopeta de trabajo bajo una ley que ya no existe”, señaló Fernández.
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La jueza de garantías Digna Ocampos admitió la imputación y convocó a Báez a una audiencia de imposición de medidas con apenas tres días de antelación, violando el plazo mínimo de cinco días establecido en el Código Procesal Penal, se quejó Fernández.