Al inicio de la audiencia de este miércoles la defensa de Dany Durand Espínola, ejercida por el Abg. Óscar Tuma, solicitó la postergación del juicio oral en atención a que están pendientes de resolución dos apelaciones planteadas en contra de la acumulación de otras causas por el caso Mocipar, con esta que es la principal.
Empero el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por el juez Matías Garcete Piris e integrado por Elsa García Hulskamp y Adriana Planás Bajac, luego de analizar por poco más de una hora el pedido, resolvió no hacer a lugar a la postergación, dio por iniciado el juicio solo con relación a una causa y fijó para mañana (jueves 30), a las 8:00, la presentación de incidentes de las partes.
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La acusación contra los ex directivos de Mocipar, que será sostenida en juicio por los fiscales Hernán Galeano, Silvio Alegre, Julio Ortiz y Julio Paredes; es por presunta estafa, lesión de confianza, lavado de dinero, asociación criminal, evasión de aportes a la Seguridad Social, conducta conducente a la quiebra y conducta indebida en situación de crisis.
Los demás acusados en marzo de 2024 por la entonces fiscal Alba Delvalle (actualmente jubilada) son: Fernando Román Fernández, Marcela Adriana Durand Martínez, Luz Marina González de Durand, Diana Teresita Britos Ocampo de Román, Favio Arturo Britos Ocampo, Myriam Elizabeth Teme Buscio y María Cristina Coeffier Villalba, todos exdirectivos de la firma Mocipar.
Estafa con Mocipar supera G. 860 millones, según Fiscalía
Los ahora acusados conformaban una estructura de organización empresarial y buscaban obtener bienes patrimoniales resultante de la falta de entrega de los bienes comprometidos a los clientes de las empresas del Grupo Mocipar, como, asimismo, a la falta de pago de sus proveedores de bienes, siendo la idea y la dirección de la mecánica de “obtener bienes patrimoniales de forma indebida”, según la acusación fiscal.
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Los hoy acusados, en nombre y representación de las firmas Mocipar Automotores SA, Mocipar Propiedades SA y Mocipar Hogar SA, realizaron declaraciones falsas sobre hechos que indujeron al error de las 31 víctimas de estafa, llevándolas el error acontecido a disponer de su patrimonio y a sufrir el consecuente perjuicio, con la técnica articulada de los contratos y con la promoción y transmisión de sorteos televisivos, que inspiraban a los clientes a la confianza.
La acusación agrega que las suscripciones de contratos sucesivos de clientes a las empresas del Grupo Mocipar, las declaraciones plasmadas en los contratos de los ofrecimientos como: Plan Auto Fácil, Plan de Vivienda, Plan Vivienda de Sueño, Plan Departamento Barrio Cerrado, Plan Vivienda Campos del Sol, Plan Casa, Plan Casa Fácil, etc., fueron ofrecimientos que “se contrapusieron por completo con la realidad, porque los acusados carecían de bienes suficientes para cumplir con los numerosos compromisos que habían asumido”.
En ese sentido, la Fiscalía agrega que los clientes de Mocipar Automotores SA, Mocipar Propiedades SA y Mocipar Hogar SA dispusieron de su patrimonio entregado importantes sumas de dinero, no recibiendo como contraprestación ningún bien, aconteciendo de esta forma el perjuicio patrimonial por un total de G. 867.087.725.
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Acusados condujeron a Mocipar a la quiebra
Según la acusación fiscal los ex directivos de Mocipar, ahora acusados realizaron desmesuradamente operaciones, y sin control de dichos gastos, se alejaron de los fines que perseguían las empresas como personas jurídicas, ya que los investigadores observaron que los representantes, por medio de las empresas del Grupo Mocipar, se dispusieron a gastar y obligarse a pagar sumas exageradas de dinero que no han sido cubiertas.
Al respecto, el Ministerio Público agrega que entre las víctimas del esquema de estafa también están las empresas proveedoras, que hasta hoy día reclaman sus respectivos créditos en las quiebras de las empresas de Mocipar.
Además, la acusación presentada por la fiscala Alba Delvalle puntualiza que como empleadores, las empresas del Grupo Mocipar han omitido los pagos de los aportes de seguridad social de los trabajadores, pero que han sido descontados a los mismos. Al respecto, el Instituto de Previsión Social (IPS) reclama al Grupo Mocipar la suma de G. 1.832.934.276 en concepto de pago por la seguridad social de sus empleados.
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“Todas estas conductas que condujeron a las empresas de Mocipar a declararlas en la quiebra, no sin antes haber tenido el balance general correspondiente a la firma Mocipar Automotores S.A., que fue elaborado por Myriam Teme Buscio, quien señaló como pérdida la suma de G. 1.287.134.564 sin respaldo de ningún tipo, y en el caso de la Firma Mocipar Propiedades S.A., que presentó un balance en el juicio de quiebra, que fue preparado por Cristina Coeffier, señalando pérdidas por valor de G. 4.438.299.022, careciendo por completo de respaldo documental”, enfatiza parte de la acusación.