Recientemente, una funcionaria del Juzgado de San Lorenzo fue capturada en una operación de entrega vigilada al recibir dinero que supuestamente iba a compartirlo con una jueza, una actuaria y hasta con funcionarios del Ministerio del Interior por la colocación de tobillera electrónica a un procesado por narcotráfico.
De igual manera, la historia que ahora derivó en la presunta coima en realidad se inició el 29 de agosto de 2025, cuando fue capturado Marcelo Fabián Peña Mancuello, de 32 años, en un allanamiento a su casa de la ciudad de San Lorenzo, departamento Central.
Ahora, Antonia Galeano, la funcionaria judicial que fue detenida cuando “negociaba” el uso de tobillera electrónica, pasará a usar una de ellas.
Eso último fue la determinación del juez penal de Garantías Humberto Otazú, quien admitió la imputación por supuesto cohecho pasivo y tráfico de influencias.
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CSJ dispone auditoría
Por el caso, hoy, durante la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Central, Eugenio Jiménez Rolón, informó que la titular del Juzgado Penal de Garantías N° 1 de San Lorenzo, María Elena Cañete, remitió a la Corte una presentación oficial relacionada con las diligencias realizadas por el Ministerio Público en dicha dependencia judicial.
Asimismo, también puso a disposición el expediente de la causa y solicitó la realización de una auditoría. Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alberto Martínez Simón, dispuso dar curso a las actuaciones administrativas e institucionales correspondientes para el inicio de los procesos de verificación y control respectivos.
Asimismo, Jiménez Rolón indicó que la documentación remitida permitirá a las dependencias competentes de la CSJ analizar las actuaciones vinculadas al caso conforme a los “mecanismos institucionales previstos para este tipo de situaciones”.
En ese marco, el Consejo de Superintendencia también ya inició las diligencias necesarias para la remisión de los antecedentes a las instancias competentes, conforme a los procedimientos establecidos dentro del sistema de control institucional del Poder Judicial.
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