Los líderes indígenas señalaron que en el departamento existirían unas 70 comunidades de distintas parcialidades, integradas por alrededor de 12.000 nativos distribuidos en varios distritos. Indicaron que muchas de estas comunidades no cuentan con tierra propia ni oportunidades de desarrollo, situación que obliga a numerosas familias a vivir en condiciones precarias al costado de rutas nacionales bajo improvisadas carpas, soportando frío, calor y lluvias.
Ante esta problemática, varias comunidades mantienen manifestaciones pacíficas en distintos puntos del departamento. Entre los principales sitios de concentración se encuentran sectores de la Ruta PY02, en zonas de Coronel Oviedo y Caaguazú, además del kilómetro 162 de la Ruta PY13, en el distrito de Yhû.
Los manifestantes denominan estos asentamientos improvisados como “carpas de resistencia” y aseguran que no abandonarán los lugares hasta obtener una solución definitiva por parte del Gobierno Nacional.
Por su parte, Hugo Samaniego indicó que actualmente se encuentran recabando toda la información posible sobre la situación de las comunidades indígenas en Caaguazú. Explicó que, una vez obtenido un panorama más claro, se impulsarán las gestiones necesarias para buscar alternativas de solución.
El titular del Indi comentó además que esta mañana mantuvo una reunión con representantes de varias comunidades en la sede regional del Indi en Yhû, donde analizaron las principales necesidades de los pueblos originarios de la zona.
Varios líderes indígenas denunciaron que la asistencia estatal es prácticamente inexistente y afirmaron que actualmente enfrentan el progresivo exterminio de sus áreas naturales y la pérdida de recursos esenciales para subsistir.
Los nativos manifestaron además que buscan acceder a las mismas oportunidades que cualquier ciudadano paraguayo, principalmente en áreas como educación, salud y desarrollo comunitario, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida.
Finalmente, pidieron al Gobierno una mayor atención y la implementación de políticas públicas claras y sostenibles que permitan garantizar condiciones dignas para las comunidades indígenas en todo el país.