La movilización se desarrolló en la ciudad de Villarrica y tuvo como punto de partida la sede de la Compañía de Luz y Fuerza S.A. (Clyfsa), desde donde partió una larga caravana integrada por vehículos, motocicletas y ciudadanos que recorrieron distintos barrios hasta culminar en la Plaza de los Héroes.
Los participantes reclamaron públicamente a la Corte Suprema de Justicia que estudie y revoque la sentencia emitida por un Tribunal de Apelación que condenó a Clyfsa a pagar más de G. 65.000 millones a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) por diferencias tarifarias acumuladas desde 2017.
El conflicto judicial entre ambas entidades se arrastra desde hace casi una década y gira en torno a modificaciones tarifarias impulsadas por la ANDE mediante el Pliego Tarifario N.º 21, aprobado en marzo de 2017. Según sostiene la empresa guaireña, la ANDE la recategorizó de manera arbitraria como consumidora en alta tensión, pese a que históricamente cumple funciones de distribuidora de energía eléctrica en Villarrica.

De acuerdo con la posición de la compañía, ese cambio generó un incremento del 94% en el costo de compra de energía, mientras que el aumento permitido para trasladar a los usuarios no superaba el 20%. La firma sostiene que esa diferencia produjo un desbalance financiero cercano al 74%, situación que, según advierten, colocó a la empresa en riesgo de quiebra técnica.
Lea más: Funcionarios y ciudadanos protestan contra fallo que amenaza a Clyfsa
La controversia se originó luego de la implementación del nuevo esquema tarifario en marzo de 2017, cuando Clyfsa promovió un recurso de amparo que permitió congelar temporalmente los precios de compra y venta de energía mientras se analizaba el fondo del conflicto.
Posteriormente, la ANDE promovió una demanda de cumplimiento de contrato para exigir la aplicación del nuevo pliego tarifario y reclamar las diferencias acumuladas durante los años de vigencia del amparo. En primera instancia, la justicia ordenó aplicar la tarifa vigente, aunque no reconoció inicialmente la deuda reclamada por la estatal eléctrica.

Sin embargo, el Tribunal de Apelación en lo Civil, Quinta Sala de la Capital, mediante el Acuerdo y Sentencia N.º 16 del 5 de marzo de 2026, resolvió condenar a la empresa al pago de G. 65.061.597.943 correspondientes a diferencias tarifarias acumuladas entre marzo de 2017 y setiembre de 2021.
Lea más: Clyfsa vs. ANDE: sentata simbólica en Villarrica para exigir revisión de fallo millonario
A esa suma se agregan intereses legales del 2,6% mensual, además de nuevas diferencias acumuladas hasta la fecha de liquidación final, cifra que según estimaciones ya superaría los G. 91.346 millones adicionales.
Confían en la justicia
Durante la caravana, el presidente de Clyfsa, Luis María Ocampos, expresó confianza en que la Corte Suprema analizará detalladamente el expediente y fallará a favor de la empresa. “Tenemos mucha esperanza, tenemos mucha fuerza. Este acompañamiento de la ciudadanía guaireña nos renueva el compromiso justamente con la ciudadanía”, manifestó.

Ocampos confirmó que la acción ya se encuentra actualmente en estudio dentro de la Corte Suprema de Justicia y que aguardan una resolución de los ministros encargados de analizar el caso.
Lea más: Clyfsa apela millonario fallo y lleva a la Corte Suprema disputa con la ANDE
El directivo sostuvo además que el caso trasciende la disputa económica y se relaciona directamente con la seguridad jurídica y la imagen institucional del Paraguay ante potenciales inversionistas. “Cuando la ANDE y Clyfsa firman algo, eso tiene que ser respetado. Eso es justamente la seguridad jurídica que tiene que transmitir el país”, expresó.

Ocampos también aseguró que mantuvieron conversaciones con representantes de la Embajada de los Estados Unidos, quienes —según indicó— manifestaron preocupación por el impacto que el caso podría generar sobre la percepción de estabilidad jurídica del país.
Desde la empresa advirtieron además que la eventual confirmación de la sentencia podría afectar a cerca de 18.000 usuarios del sistema eléctrico en Villarrica y poner en riesgo más de 200 puestos de trabajo directos.
