Representantes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) acudieron a la sede del Ministerio Público para denunciar de forma oficial presuntos hechos punibles contra la prueba documental. En la presentación se individualiza con nombre y apellido a las primeras 145 personas cuyos títulos académicos presentan graves inconsistencias en las dependencias administrativas de la cartera de Estado.
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La presentación formal fue realizada por Juan Manuel Arce Leiva, director general de Asesoría Jurídica del MEC, bajo el patrocinio del abogado Benito Judice Martínez, jefe del Departamento de Control de Juicios Civiles y Procesos Penales de la institución.
Inconsistencias detectadas en la auditoría interna
De acuerdo con el escrito presentado ante los agentes fiscales, las irregularidades saltaron tras una auditoría de legajos realizada por la Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal del MEC. Esta oficina técnica se encargó de verificar las copias de los títulos universitarios presentados por los funcionarios para acceder a cargos o ganar concursos.
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Al detectar que los documentos carecían de validez legal, de historial de aulas o que directamente tenían firmas y fechas clonadas, remitieron los antecedentes al equipo jurídico del ministerio para denunciar los hechos en la brevedad.
Docentes en aula y sospechas en otras carreras
Esta primera lista de 145 denunciados forma parte del gran esquema de fraude destapado esta semana por las propias autoridades educativas, donde el ministro Luis Ramírez confirmó que la cifra global ya alcanza los 250 títulos falsos de docentes que deberán rendir cuentas ante la Justicia ordinaria.
El titular del MEC alertó sobre la gravedad del escenario debido al rol que cumplen los implicados en la sociedad. Un grupo importante de los denunciados se encuentra actualmente dictando clases en aulas del sector estatal.
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Otros involucrados ocupan cargos administrativos o técnicos dentro de la estructura central del MEC o en instituciones privadas. El ministro Ramírez anticipó que el cruce de datos mediante el Registro Único de Estudiante (RUE) es masivo y que ya existen líneas de investigación abiertas sobre presuntos títulos falsos.
Cesación de cargos y expectativa de cárcel
Al tratarse de una causa penal por producción y uso de documentos no auténticos, los investigados se exponen a una pena privativa de libertad de hasta dos años como mínimo.
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Asimismo, desde el punto de vista administrativo, las autoridades recordaron que al ser el título universitario el requisito central y habilitante para ejercer la profesión, todos los contratos y nombramientos quedarán anulados y los sospechosos serán apartados de sus cargos de forma inmediata mientras corra el proceso judicial.