Durante la audiencia número 26 fueron reproducidos registros fílmicos y conversaciones que, según el fiscal Fermín Segovia, ratifican la acusación fiscal y fortalecen la hipótesis de que existieron maniobras deliberadas para obstaculizar la investigación del terrible crimen de María Fernanda Benítez.
El feminicidio que conmocionó al país ocurrió el 27 de mayo de 2025, según datos de los investigadores.
El representante del Ministerio Público aclaró que el juicio actualmente en curso involucra únicamente a los mayores de edad procesados en la causa y no al adolescente señalado como principal sospechoso de la muerte de la joven.
Restan pocas pruebas por producir
Segovia explicó que la etapa probatoria se encuentra prácticamente concluida. Indicó que solo resta la reproducción pública de un dispositivo electrónico, la lectura de un documento que se realizará a puertas cerradas y, eventualmente, una constitución del tribunal en el lugar de los hechos.
Una vez culminadas esas diligencias, el Tribunal de Sentencia, compuesto por los jueces Luis Ovelar, Andrea Riquelme y Víctor Vera, deberá fijar fecha y hora para los alegatos finales, que se desarrollarán en el siguiente orden: Fiscalía, querella adhesiva y defensas.
El fiscal estimó que la producción de pruebas podría concluir esta misma semana y que las alegaciones finales serían fijadas para la próxima, con la posibilidad de que el juicio termine hacia los últimos días de la semana siguiente.
Videos y conversaciones considerados clave
Durante la jornada fueron exhibidos videos de conversaciones entre Franco Antonio Acosta y Leonardo Benítez, padre de María Fernanda, así como registros obtenidos dentro de la vivienda del supuesto autor material.
Consultado sobre la relevancia de ese material, Segovia afirmó que los videos son importantes porque “están ratificando la acusación fiscal en cuanto a los acontecimientos que se le atribuyen al señor Franco”.
El fiscal evitó profundizar sobre el contenido específico de los registros por razones de estrategia procesal, aunque adelantó que en los alegatos finales la Fiscalía detallará cómo ese material se relaciona con la presencia del acusado en el local de la farmacia y con el posterior borrado de imágenes de circuito cerrado.
Cinco versiones sobre el borrado de videos
Uno de los puntos más sensibles de la audiencia giró en torno a la eliminación de grabaciones de cámaras de seguridad. Según el Ministerio Público, durante la investigación fueron presentadas cinco justificaciones diferentes sobre por qué se borraron esos archivos.
La Fiscalía buscará demostrar que desde el primer momento la eliminación de los registros tuvo como finalidad impedir el avance de la investigación penal.
“Se podrá acreditar que desde un primer momento ese borrado estuvo destinado a impedir la prosecución de las investigaciones”, sostuvo.
Fiscalía sostiene todas las acusaciones
Ante la consulta sobre si existen elementos suficientes contra todos los acusados, el fiscal respondió de manera categórica que el Ministerio Público mantiene intacta su acusación respecto de cada uno de los procesados.
“Fiscalía está sosteniendo todas las acusaciones y considera que hay un estándar probatorio suficiente a disposición del tribunal para poder dictar una sentencia condenatoria para todos ellos”, expresó.
Qué se atribuye a cada acusado
Segovia detalló nuevamente las imputaciones que pesan sobre los adultos sometidos a juicio: Mikhaela Rolón: instigación a cometer feminicidio, omisión de dar aviso de un hecho punible y apología del delito. Franco Antonio Acosta: complicidad en la tentativa de aborto y frustración de la persecución penal; el suegro del principal sospechoso: frustración de la persecución penal; y, por último, los padres del supuesto asesino: exposición a peligro y simulación de hecho punible.