Luego de graduarse en la Universidad Nacional de Asunción en 2002 y materializar su sueño de infancia tras dedicarse a su hogar, la abogada María Esther Roa entendió que la profesión trasciende el litigio tradicional. Aprovechando el Día del Abogado, la letrada recuerda que octubre de 2011, cofundó la Coordinadora de Abogados del Paraguay (COAPY) para defender la dignidad del trabajo gremial e impulsar una justicia eficiente y al servicio de la ciudadanía.
Con el tiempo, la lectura del escenario nacional la impulsó a escalar su labor hacia un activismo directo contra las redes de impunidad. Desde la plataforma Somos Anticorrupción Paraguay (SAPY), nacida del movimiento de escraches en 2018, Roa transformó la indignación ante los casos periodísticos en denuncias penales formalizadas ante el Ministerio Público.
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Al resaltar la lucha contra la corrupción desde SAPY, la letrada recordó que la tarea de dicha organización no se limita a señalar las irregularidades, sino a mantener un monitoreo técnico y constante de las causas, sobre todo aquellas de corrupción pública, para evitar que sean dilatadas hasta la prescripción y/o la impunidad.
“Ese trabajo de monitoreo permanente es el que seguimos desarrollando hasta hoy desde la Coordinadora de Abogados del Paraguay, como organización gremial, y desde Somos Anticorrupción Paraguay, como movimiento ciudadano”, puntualizó Roa.
Decepción institucional y barreras para el ejercicio de la profesión
Pese a encontrar en la abogacía una herramienta para defender causas justas, la mayor decepción en la trayectoria de la activista anticorrupción María Esther Roa proviene de la propia administración de justicia en Paraguay, ya que según resaltó, el sistema judicial en nuestro país exhibe graves vacíos en materia de independencia, solvencia técnica y ética profesional.
“Resulta sumamente frustrante enfrentarse a magistrados que desconocen la normativa vigente, omiten el estudio riguroso de los expedientes o ceden a condicionamientos de sectores políticos y económicos, convirtiendo un servicio público fundamental en un mero negocio”, manifestó la letrada.
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Roa agregó que a esta realidad se suman las brechas y desafíos adicionales que representa el ejercicio de la profesión para las mujeres. Sobre el punto destacó la necesidad de demostrar constantemente y con mayor rigor la capacidad profesional para alcanzar el mismo reconocimiento que sus pares, sumado a la carga de conciliar la labor con responsabilidades familiares.
Asimismo, Roa remarcó que la lucha anticorrupción abarca una abrumadora carga de trabajo que implica el análisis minucioso de causas, la elaboración de informes y el seguimiento de diligencias para sostener la credibilidad del control ciudadano.
Los costos del activismo anticorrupción y la postura del gremio de abogados
El combate frontal contra la impunidad en Paraguay acarrea consecuencias directas sobre la integridad y tranquilidad del activista. En ese sentido María Esther Roa afirma que romper el silencio para cuestionar las irregularidades genera incomodidad en las estructuras de poder, lo que en su caso se tradujo en agresiones, calumnias, campañas de desprestigio, hostigamientos e incluso la apertura de acciones judiciales intimidatorias.
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Según puntualizó, asumir este rol implica enfrentar un desgaste personal y familiar significativo en un entorno donde frecuentemente se cuestiona más a quien denuncia que a quien comete el acto ilícito.
Consultada si la militancia en la lucha contra la corrupción le generó inconvenientes en el gremio de abogados, la postura asumida por Roa no supuso una barrera dentro de su entorno gremial inmediato.
En ese sentido resaltó que la Coordinadora de Abogados del Paraguay integró de manera estatutaria el compromiso social y la defensa del interés público como pilares fundamentales del ejercicio de la abogacía. Señaló que la permanencia de los colegas fundadores demuestra que una parte del gremio asume que la defensa del Estado de Derecho forma parte de la responsabilidad ineludible del abogado.
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“En momentos de cansancio e impotencia frente a causas que quedan impunes, la motivación permanece intacta para seguir ejerciendo la profesión de abogada desde el control ciudadano”, enfatizó Roa. Añadió que la labor del activista exige persistencia para recordar que las denuncias deben ir acompañadas de coherencia y sustento probatorio, impidiendo que los costos personales frenen la exigencia de una justicia transparente.
Acceso a casos de corrupción pública y la respuesta del sistema judicial
Respecto al acceso a expedientes sobre malversación de recursos públicos, María Esther Roa insistió en que el panorama presenta avances, pero mantiene barreras estructurales. Citó herramientas como el Observatorio Judicial de causas emblemáticas, que a su criterio representan un paso importante hacia la transparencia.
Sin embargo, la letrada considera que persisten varias trabas burocráticas, demoras injustificadas en la entrega de documentos y un hermetismo institucional que dificulta un control ciudadano plenamente fluido.
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En cuanto a la respuesta de los órganos jurisdiccionales frente a los reclamos e intervenciones de la sociedad civil, la letrada expresó que las movilizaciones no buscan presionar el sentido de las sentencias, sino exigir que los jueces y fiscales resuelvan las causas dentro de los plazos legales, garantizando la debida fundamentación e imparcialidad en sus actuaciones.
Militancia en lucha contra la corrupción genera incomodidad
Por otra parte María Esther Roa se refirió al trato que recibe por parte de fiscales, jueces, camaristas e incluso los ministros de la Corte Suprema de Justicia e indicó que oscila entre el respeto, la incomodidad y la resistencia. El respeto se fundamenta en que las observaciones ciudadanas se formulan con argumentos jurídicos y documentación en mano, alejadas del ataque personal, según manifestó.
Sin embargo, considera que la incomodidad es inevitable al romper con una cultura donde la magistratura tomaba decisiones sin la supervisión ciudadana. Esta fiscalización constante genera resistencia en aquellos sectores judiciales que prefieren una ciudadanía receptiva y en silencio frente al escrutinio público, de acuerdo con lo señalado por la activista anticorrupción.
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A pesar de estas tensiones, María Esther Roa sostiene firmemente que el control ejercido por el profesional del Derecho no debilita al sistema, sino que fortalece la independencia judicial. “Exigir rendición de cuentas a fiscales y magistrados resulta imprescindible para consolidar la democracia y garantizar una justicia accesible para la sociedad”, finalizó.