En el marco de los actos oficiales por el aniversario de la capital, el ministro del Interior, Enrique Riera, descartó fricciones con la Senad y enfatizó que el Gabinete de Seguridad opera de manera integrada.
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Ante las consultas sobre una presunta competencia con la cartera antidrogas tras operativos recientes en Canindeyú que acabaron con dos presuntos miembros de la banda de Felipe Santiago “Macho” Acosta, remarcó que las fuerzas se despliegan en función de la naturaleza de la amenaza, combinando capacidades de la Policía, las Fuerzas Armadas, el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y la Senad bajo la directiva de la Fiscalía.
El ministro rechazó cuestionamientos políticos sobre el avance del crimen organizado en las zonas fronterizas, señalando que los indicadores internacionales ubican al país en posiciones favorables en materia de seguridad para el turismo e inversiones en la región.
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Balance positivo
El secretario de Estado ofreció un balance sobre los principales ejes de la gestión de seguridad pública, abordando desde la respuesta ciudadana al despliegue policial hasta la implementación de nuevas tecnologías de control penitenciario y la efectividad de las operaciones en el interior del país.
El titular de la cartera del Interior destacó la recepción del público ante la presencia de las fuerzas policiales en los desfiles, haciendo hincapié en el respaldo hacia el Grupo Lince.
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Según detalló, la agrupación cuenta actualmente con más de 1.800 efectivos y se encuentra en proceso de adquisición de 300 nuevas motocicletas para reforzar la cobertura en Capital, Central y el interior del país.
Monitoreo electrónico y llamado al Poder Judicial
Riera se refirió a un reciente intento de manipulación de una tobillera electrónica por parte de un procesado, destacando que la alerta inmediata del sistema permitió la intervención oportuna de la Policía Nacional.
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Explicó que el Centro de Monitoreo detecta en tiempo real irregularidades como el corte de fibra, la falta de carga de batería o el abandono del perímetro permitido.
El ministro finalizó instando a jueces y fiscales a ampliar el uso de los dispositivos para sustituir los controles presenciales de las más de 8.000 prisiones domiciliarias vigentes, optimizando así el talento humano policial en las calles.