Luego del fatal accidente ocurrido el pasado sábado sobre la Ruta PY02 a la altura del cruce Pedrozo-Pirayú, en el distrito de Ypacaraí, donde seis personas fallecieron cuando un camión fuera de control embistió a vehículos que estaban detenidos ante un semáforo, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ha sido duramente criticado por la continua presencia de ese semáforo y el hecho de que un viaducto transversal que está siendo construido en ese cruce aún no ha sido terminado.
El viaducto aún inconcluso serviría para que los pobladores de la zona puedan cruzar de forma transversal sobre la Ruta PY02, eliminando cualquier razón para la permanencia de un semáforo en un cruce donde ya se han registrado accidentes similares en el pasado, con múltiples fatalidades.
Respondiendo esta semana a cuestionamientos por la demora en la construcción del viaducto, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, asignó parte de la culpa a los propietarios de terrenos afectados por la construcción del paso a desnivel y afirmó que la obra fue demorada por trabas judiciales que esos propietarios interpusieron.
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Carlos Ayala, propietario de algunos de los terrenos afectados, y su hija Sandra acudieron ayer al Congreso Nacional y negaron la acusación de la ministra Centurión, diciendo que las propiedades ya fueron expropiadas y liberadas hace cierto tiempo. Manifestaron que solo queda pendiente una revisión de los montos pagados por esas expropiaciones.
Viaducto “no es ni será la solución”
En conversación con ABC Cardinal este miércoles en su propiedad junto a la zona de obras del viaducto, Carlos y Sandra Ayala se ratificaron en sus afirmaciones y cuestionaron también la utilidad del paso a desnivel como una solución definitiva para el problema del cruce Pedrozo-Pirayú.
“No es ni será la solución”, advirtió Carlos Ayala.
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“Vienen y te despojan para no solucionar nada”, dijo Sandra Ayala, quien señaló que el problema de fondo en la zona no es el cruce en sí, sino la pendiente por la que los vehículos que circulan por la ruta bajan a velocidades altas, y argumentó que el proyecto del MOPC no plantea una solución a ese peligro.
“No pusimos ninguna objeción”
Volvió a negar que su familia haya puesto trabas al inicio de las obras y señaló que “la zona ya está liberada, los tractores y camiones ya están trabajando”.
“Estamos de acuerdo con que el bien general está por encima del bien personal, no pusimos ninguna objeción”, dijo. “Se pagó lo que ellos quisieron, porque era una obra necesaria, pero ahora vienen de forma prepotente a poner una supuesta solución que a muchas familias está afectando”, agregó.
Comentó que su familia solicitó por vía judicial “una revisión que tienen que hacer profesionales que el Estado va a poner para fijar el costo real” de sus tierras afectadas, al considerar que el pago inicial que realizó el MOPC es insuficiente.