Con la imagen deteriorada tras la revelación del nefasto esquema de la mafia de los pagarés instalado en los juzgados de Paz y la “reunión secreta” con el presidente Santiago Peña (de la que los tres ministros que no se identifican con el Partido Colorado fueron excluidos), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suma escándalos que afectan gravemente su credibilidad.
El 10 de agosto de 2022, el ministro Alberto Martínez Simón, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), advirtió una práctica de los juzgados penales que a su criterio, debía ser desterrada: la de beneficiar al propio Poder Judicial con donaciones derivadas de salidas procesales.
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Fue durante la sesión plenaria ordinaria, oportunidad en que Martínez Simón expuso ante los demás ministros su preocupación por la mencionada práctica, al tiempo de instar a la elaboración de un proyecto de acordada para prohibirla de manera definitiva.
En su introdución, Martínez Simón resaltó que se trataba de un tema delicado, el cual ya había conversado inclusive con la ministra María Carolina Llanes, para que esas donaciones puedan ser canalizadas hacia otras entidades.
“Yo tengo una posición asumida pero tendríamos que discutir entre los ministros y sacar una resolución de que el Poder Judicial no puede ser beneficiario de esas donaciones”, adelantó Martínez Simón.
“Por lo tanto presidente pido que como punto del orden del día de la próxima plenaria, trabajemos un proyecto de resolución, si es que hay consenso entre los ministros, prohibiendo esta práctica para los jueces del ámbito penal”, propuso Martínez.
El ministro Eugenio Jiménez Rolón adelantó su postura favorable al planteamiento de su colega de la sala civil y comercial y adelantó que la situación mencionada no puede ser admitida.
El entonces presidente Antonio Fretes (fallecido) dispuso agendar el tema para la sesión siguiente, pero esto no se dio en la sesión del 17 de agosto y tampoco en la del 23, oportunidad en que la defensa del presupuesto de la institución consumió prácticamente toda la sesión.
Se desconoce si posteriormente la Corte volvió a abordar el tema o si la propuesta fue descartada por mayoría. Al parecer, la tal reglamentación no se dio y si eso ocurrió, habría sido en sentido contrario, es decir, en avalar la insólita situación de que el Poder Judicial se beneficie directamente de las donaciones establecidas por el propio Poder Judicial, a modo de reparación de daño social.
Dirección a cargo de hermana de ministra, beneficiada con donación
La semana pasada, se conoció que el Poder Judicial, específicamente la Dirección de Bienestar de Personal del Poder Judicial, a cargo de Nury Llanes, hermana de la ministra María Carolina Llanes, fue una de las beneficadas con la donación de un procesado por evasión de impuestos.
La resolución dictada por el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia otorgó la suspensión condicional del procedimiento a Jacob Penner Thiessen, acusado por los hechos punibles de producción de documentos no auténticos y evasión de impuestos.
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La Fiscalía accedió a la salida procesal mencionada, tras constatar que procesado pagó al fisco los impuestos evadidos más la multa, que totalizaron la suma de G. 1.611.422.980.
Así las cosas, el magistrado estableció como reparación del daño social la obligación de que Penner realizara una donación de G. 20 millones, de acuerdo al siguiente detalle:
- G. 10 millones al Club de Leones del Barrio Bernardino Caballero
- G. 5 millones a la campaña “Abrazo para Maxi”
- G. 5 millones a la Dirección de Bienestar de Personal del Poder Judicial.
La justificación de la Corte Suprema de Justicia
Ante las críticas por beneficiar al propio Poder Judicial con donaciones, en vez de rectificar rumbos, la Corte Suprema de Justicia se apresuró en publicar un comunicado en su página web para justificar la decisión.
“Las medidas de reparación social son dispuestas por los órganos jurisdiccionales competentes en el marco de cada causa. Cuando comprenden la entrega de medicamentos, insumos, equipos u otros bienes destinados a servicios institucionales, existen registros administrativos que documentan su movimiento y destino en las dependencias receptoras”, dice el material informativo elaborado a modo de “descargo”.
“En el ámbito administrativo existen antecedentes que contemplan la recepción de equipos, insumos y medicamentos destinados a servicios del Poder Judicial en el marco de prestaciones establecidas judicialmente como reparación social” refiere la nota, sin mencionar claro está, que esta práctica anteriormente eran prácticamente “satanizada”.
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A continuación, otros puntos del informe:
- La Dirección de Bienestar del Personal, a través de las unidades correspondientes, interviene en la recepción, registro y distribución de estos bienes a los servicios y dependencias destinatarias. Según la naturaleza de los bienes, participan además la Contraloría Interna y el Departamento de Registración y Control Patrimonial, en el ámbito de sus respectivas competencias.
- Las actuaciones cuentan con documentación de respaldo, entre la que se incluyen actas de recepción y entrega, registros de inventario, planillas de movimiento y reportes de medicamentos e insumos. Estos documentos consignan cantidades, entradas, salidas, existencias y dependencias destinatarias.
- La documentación disponible registra entregas a servicios médicos y odontológicos, así como a dependencias de la Capital y de otras circunscripciones judiciales. Estos bienes no son entregados a particulares ni a funcionarios del Poder Judicial. Las unidades receptoras elaboran, además, reportes sobre el movimiento, utilización y existencias de medicamentos e insumos.
- La estructura destinada a estos servicios cuenta asimismo con una farmacia habilitada por las autoridades sanitarias competentes y con un espacio asignado para el almacenamiento y distribución de medicamentos, conforme a las disposiciones administrativas correspondientes.
Ante críticas, actitud corporativa
Con esta “aclaración”, queda en evidencia que la práctica que antes causaba indignación a algunos ministros, al parecer ahora es vista con normalidad y hasta defendida desde la institución.
La Corte Suprema de Justicia, que en la actualidad está presidida por el ministro que propuso prohibir que el Poder Judicial sea beneficiado con esas salidas procesales, optó por adoptar una postura corporativa y hacer la “vista gorda”.
Por su parte, la ministra María Carolina Llanes -quien antes de asumir el cargo clamaba por la transparencia- ahora lleva adelante una suerte de campaña contra los medios de comunicación, con escendidos discursos, ante magistrados, funcionarios judiciales y abogados.
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En vez de ocuparse de la mora judicial, planillerismo y otros problemas del Poder Judicial, Llanes dedica gran parte de su tiempo a intentar instalar la idea de que la mala imagen del Poder Judicial es resultado de la difusión de informaciones falsas.
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CSJ rectificó información sobre titular de la Dirección de Garantías Constitucionales
Recordemos que las donaciones en beneficio propio es apenas uno de los escándalos que salpican la administración de justicia en lo que va del año y que esta “aclaración” sobre la donación recibida por la Dirección a cargo de la hermana de la ministra, fue la tercera divulgada por la Corte en una misma semana.
Los otros dos comunicados tienen relación con situaciones de privilegio que afectan a la esposa del ministro Luis María Benítez Riera y a nuera del ministro Alberto Martínez Simón.
La primera, María Verónica Lina Sienra Bertón, titular de la Dirección de Garantías Constitucionales, con un ingreso mensual de G. 22 millones (salario y beneficios)- no cuenta con título universitario, como se consignó en la página web de la CSJ.
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Precisamente en la página web de la CSJ, en varias oportunidades se la presentó como abogada, pero ante una consulta del medio periodístico El Observador sobre el origen del título, a la institución no le quedó otra alternativa que rectificar la información mencionada, la que atribuyó a un “error involuntario”.
Posteriormente, la CSJ divulgó un dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la institución, firmado por Samir Armele, que refiere que cuando Sienra accedió al cargo no era obligatorio tener título y concluyó que el mismo no era necesario para ser directora general de Garantías Constitucionales.
CSJ defiende permiso otorgado a “relatora vip”
La otra aclaración divulgada por la Corte tiene que ver con el permiso con goce de sueldo otorgado en junio del 2024 a la nuera de Martínez Simón, la relatora Analía Belén Carrillo Servín, para estudiar en Europa.
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El dictamen firmado por el director interino Samir Armele resalta que la licencia especial con goce de sueldo para estudios o capacitación “no es un beneficio creado para una persona determinada ni reservado a personas allegadas a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, sino un instituto general previsto anteriormente ya en la Acordada N° 252/2002 y actualmente regulado por el artículo 62 de la Acordada N° 1.679/2022.”
Agrega que la nuera de Martínez Simón es “uno más de esos casos, sujeto a los mismos requisitos, límites y obligaciones que rigen para cualquier otro funcionario que usufructúe esta modalidad”.