Duarte Penayo afirmó que esta ofensiva busca consolidar una narrativa de un eventual “caos” si se aplican las exigencias de calidad. Con este movimiento, el sector universitario persiste en la línea política que ya había ensayado en una reunión de rectores de universidades públicas y privadas con el ministro del Interior, Enrique Riera, para dilatar las regulaciones del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). El encuentro fue en julio.
El ministro de Educación, Luis Ramírez, había firmado el 26 de setiembre del 2025 la resolución N° 1.578 por la cual se obliga a las universidades a acreditar todas sus carreras en los próximos tres años. La normativa indica que la cartera educativa ya no registrará títulos de grado y de posgrado de carreras no acreditadas, a partir del 2028.
Esta nueva revelación se suma a la denuncia previa realizada por el propio titular del MEC, quien admitió la existencia de un fuerte “lobby de garaje” por parte de autoridades universitarias. Según el titular del MEC, estos sectores buscan utilizar influencias políticas para frenar la aplicación estricta de la resolución que exige la acreditación obligatoria de las carreras a nivel nacional.
Ramírez, en su carácter de presidente del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), había apuntado en una sesión del estamento contra la actitud dilatoria del sector: “Hace 20 años no cumplen la ley. Se les dio tres años más para que cumplan la ley y piden otra vez tres años más; 23 años hace que tienen que cumplir la ley y no cumplen. No creo que los estudiantes se enojen porque nuestro pedido como Cones sea que las universidades y sus carreras estén habilitadas y acreditadas”, subrayó.
La revelación de Aneaes: el argumento de la “seguridad nacional”
José Duarte y una comitiva de la Aneaes se reunieron esta tarde con el viceministro de Educación Superior y vicepresidente del Cones, Hermenegildo Cohene, justamente para tratar sobre la resolución del MEC que obliga a las universidades a acreditar todas su carreras.
Tras este encuentro, el presidente de la Agencia evaluadora afirmó que “es innegable que las universidades ejercen presión, mucha presión, fuerte presión, sobre todo desde el Consejo de Rectores. El Consejo de Rectores fue a plantear al Ministerio del Interior esta cuestión como un asunto de seguridad nacional, porque según ellos, esto puede desembocar en un caos y movilización”.
Luego, agregó: “Ellos siguen bajando esa línea a la Presidencia de la República. Esa es la apuesta de las universidades: consolidar esa narrativa”. Con esto, dejó constancia de que el lobby del Consejo de Rectores - tanto de universidades públicas como de universidades privadas-, llegó hasta el presidente Santiago Peña.
Sobre la reunión con Cohene, indicó que desde la entidad lo que plantean es contar con mayor claridad sobre el alcance de las acreditaciones. “Queremos saber si es que ya vamos a tener que brindar constancia a las universidades que recién iniciaron sus trámites para acreditar”, manifestó.