En el marco del reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) que reveló graves irregularidades e interacciones sospechosas vinculadas al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la agente fiscal Teresa Sosa expresó su preocupación por las dificultades que enfrenta el Ministerio Público para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en la red de diplomas y certificaciones irregulares.
Sosa remarcó que el foco de la causa no debe limitarse únicamente a los docentes u ordenanzas que presentaron documentos adulterados, sino que debe dirigirse a las cabezas que montaron la red delictiva. “¿De qué nos vale sancionar a la parte más débil de la piola? Acá lo que tenemos es que apuntar hacia aquellas personas que han organizado este camino criminal”, aseveró la representante del Ministerio Público.
Asimismo, la fiscala sostuvo que este esquema data de mucho tiempo atrás y trasciende distintas gestiones públicas. “En la investigación que avanza, vemos que esto ya hace de mucho tiempo y que cada nueva administración dentro del Ministerio de Educación y Ciencias tiene personajes que están lucrando con este tema y lo continúan haciendo”, enfatizó.
Demoras en el MEC, el Cones y las universidades
Al ser consultada sobre de dónde provienen las trabas en las diligencias, la agente del Ministerio Público apuntó tanto al sector público como al privado. Explicó que lograr recabar datos cruciales exige un despliegue extraordinario debido al retardo de las entidades involucradas.
“Hasta este momento no tengo conocimiento, a pesar de que ya lo hemos pedido, de la decisión que el ministro de Educación tomó con respecto a la cancelación de las matrículas de aquellos docentes con títulos falsos”.
Agregó además que “hasta este momento no tenemos una noticia de la Universidad Autónoma de Asunción acerca de la pérdida de eficacia de esos títulos falsos que utilizaron el membrete de su universidad”.
En ese sentido, recalcó que la erradicación del problema exige un involucramiento integral del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), el MEC, las universidades privadas y los institutos de enseñanza.
Señaló que resulta insuficiente la sola condena del exsenador Hernán Rivas, quien con un falso título de abogado integró y presidió el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
“Hernán Rivas es, como se dice, un poroto, una arena en el desierto. Aquí hay una estructura que hay que combatir y para eso se necesita una clara demostración de las autoridades y del sector privado de la educación”.
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Inacción de controles y falta de compromiso
Sosa advirtió que el origen directo de las titulaciones apócrifas radica en la falta de fiscalización severa y en la habilitación irregular de entidades educativas sin apego a las normas legales.
“Mientras no se controle a las universidades y a los centros de enseñanza, mientras se habiliten universidades y se le otorguen permisos que la ley les prohíbe, no hay un claro compromiso contra la lucha respecto al título falso”, lamentó.
Finalmente, subrayó la necesidad de formar una mesa técnica o comisión de trabajo interinstitucional operativa entre la Fiscalía, el MEC y el Cones. Cuestionó el alcance de la comisión conformada en el ámbito parlamentario al no divisar acciones concretas y reiteró la urgencia de hallar a los verdaderos cerebros del sistema.
“Acá hay temas muy concretos de control de universidades y institutos, y sobre todo el poder dar el apoyo al Ministerio Público para que avance y se pueda conocer así quiénes son los instigadores de la comisión de los hechos punibles relacionados a los títulos falsos. Porque hasta ahí no hemos llegado todavía. Solamente conocemos los nombres de la parte más fina de la piola”, concluyó.
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