Títulos falsos: senadora apunta a sancionar a instituciones tras el caso Rivas

Esperanza Martínez, con blusa clara y abrigo a rayas, responde a preguntas de periodistas en sala de prensa.
Esperanza Martínez, senadora del Partido Participación Ciudadana (PPC)ABC TV

La senadora Esperanza Martínez advirtió que la investigación que lleva adelante una comisión del Senado no puede limitar sus acciones a casos individuales, sino que debe apuntar al desmantelamiento de las universidades e institutos que operan de manera irregular. Asimismo, reveló escandalosos casos archivados en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

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La Comisión Especial de Investigación del Senado sobre la emisión, comercialización y utilización de títulos académicos irregulares busca sentar precedentes y avanzar hacia sanciones concretas para las instituciones educativas implicadas, según informó la senadora opositora Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana (PPC).

La parlamentaria enfatizó que el trasfondo del problema no radica únicamente en los delincuentes o en casos emblemáticos aislados, sino en la red de impunidad que protege a este tipo de esquemas.

“Acá en el Paraguay el problema no es el delito, el problema es la impunidad. Y lo que no puede esta comisión es ser cómplice y simplemente tener una lista de informes sin que realmente haya resultados concretos sobre la actuación de estas instituciones, que a todas luces han sido irregulares”, dijo Martínez en diálogo con ABC Cardinal.

Cruce de datos con instituciones

Para demostrar la inexistencia de facultades que otorgaron miles de cartones académicos, la senadora sugirió apelar a estrategias de rastreo financiero y fiscal. “Estamos haciendo un esquema, está interviniendo la Contraloría. Yo también hablé con la Dirección Nacional de Contrataciones y la Dirección de Tributaciones... Por ejemplo, ¿cómo demostramos que existieron profesores? (...) La institución tiene que demostrar que pagó honorarios y ese pago tiene que estar registrado en Tributaciones”, argumentó.

Martínez puso como ejemplo la Universidad Sudamericana, institución educativa de la cual egresó presuntamente el exsenador Hernán Rivas.

“Esa institución funcionó tres o cuatro años, con 20 facultades y 2.500 títulos. Yo tengo una duda razonable de que las 20 facultades o la mayoría de ellas tampoco cumplió con un rigor académico, ni siquiera algunas probablemente tuvieron clases o docentes”, advirtió la senadora.

Seis personas en reunión formal, mujeres de cabello castaño y oscuro, hombre entre ellos, documentos y comida sobre la mesa.
Reunión de la Comisión Especial de Investigación de Titulos Falsos del 15 de junio. Foto: Dirección de Comunicación del Senado.

Casos dilatados en la Corte Suprema

Durante la entrevista, la legisladora denunció dos casos concretos que reflejan cómo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) estaría dilatando la cancelación de matrículas a personas con títulos presuntamente ‘mau’.

Uno de los casos involucra a un abogado matriculado que presentó un certificado de estudios que abarcaba del 2006 al 2010, otorgado por una universidad fundada recién en el año 2010.

“La Corte tiene un dictamen que dice que esta persona tiene una situación irregular, pero en vez de casarle la matrícula, mandan otra vez al Ministerio Público para que investigue. Entonces eso sigue dilatando allí en las calendas griegas”, criticó.

El segundo caso expuesto es aún más insólito e involucra a una persona sumariada que admitió explícitamente haber utilizado un título falso y solicitó el retiro de su matrícula. Sin embargo, la máxima instancia judicial derivó nuevamente la causa a la Fiscalía sin retirarle la acreditación para ejercer.

“¿Qué te hace suponer? Que hay una protección. Si se van demostrando, evidentemente hay mucha gente. Algunos dicen que hay relatores de la Corte, que hay relatores en el propio Poder Judicial que tienen título ‘mau’. O sea, esto ha inficionado de manera peligrosa la institucionalidad del sistema judicial”, remarcó.

Reformas de fondo para evitar más irregularidades

Para la senadora, la solución definitiva requiere modificar el marco normativo actual de la educación superior, reestructurando entes como el Cones, la Aneaes y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Asimismo, planteó la obligatoriedad de transparentar los Registros Únicos de Estudiantes y Docentes, así como la publicación abierta de las tesinas universitarias.

“No puede haber 100 instituciones de educación superior en un país con seis millones de personas donde solo el 21 por ciento de los estudiantes va a la universidad. Esto es escandaloso por donde se mire”, expresó.

Finalmente, Martínez anticipó que en las próximas semanas se presentarán avances basados en informes de la Contraloría sobre títulos en la función pública.

“Lo que hay son avances importantes a través de la Contraloría y los títulos de funcionarios públicos y la trazabilidad de esos con las propias universidades. Eso es lo que vamos a tener, un informe importante”, adelantó.