A un año del juicio político a Fernando Lugo

Este viernes se cumple el primer año del juicio político que derivó en la destitución de Fernando Lugo como presidente de la República. La crisis política estalló con la masacre de Curuguaty y se recrudeció luego del cambio de gobierno.

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Hace exactamente un año, la Cámara Baja aprobaba sobre tablas el juicio político contra Fernando Lugo Méndez, tras denuncias de mal desempeño en sus funciones.

Se trataba del primer paso para la remoción del gobernante, consistente en la formulación oficial de la acusación.

Los diputados hicieron uso del artículo 225 de la Constitución Nacional, que reglamenta el procedimiento por el cual un gobernante puede ser removido.

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El proceso contra Lugo contó con el apoyo de 76 de los 80 miembros de la Cámara Baja, aunque solo se requería de un mínimo de 53.

La aprobación de la acusación y el consecuente inicio del juicio político fueron posibles gracias al apoyo de las bancadas de la ANR, el PLRA, Patria Querida, Unace y el Partido Democrático Progresista (PDP).

El juicio político era una constante amenaza hacia el entonces presidente de la República, Fernando Lugo, principalmente desde los sectores de Patria Querida y la ANR.

A ello se sumaba el descontento del PLRA con el exobispo, partido que en las elecciones generales del 2008 había sido su principal aliado para acceder al poder.

Los liberales esperaban ejercer un cogobierno y buscaban mayores espacios en el gabinete presidencial, considerando su condición de principal “socio” de la Alianza Patriótica para el Cambio (APC).

Mientras crecía el enojo de los dirigentes del PLRA, el 15 de junio del 2012 se desató un enfrentamiento entre campesinos y policías en la zona conocida como Campos Morombí, en Curuguaty.

El choque dejó como resultado la muerte de 11 labriegos y seis policías, por lo que estalló la crisis política y las amenazas de destitución contra Lugo llegaron a su punto máximo.

El 20 de junio, la ANR anunció oficialmente que presentaría el libelo acusatorio ante la Cámara de Diputados contra Lugo, a quien responsabilizó directamente de los hechos de violencia en Canindeyú.

El PLRA aún no se decidía a apoyar el proceso contra su otrora aliado político; sin embargo, el nombramiento de Rubén Candia Amarilla como ministro del Interior fue visto como una bofetada por los liberales.

De esta manera, exigieron al gobernante destituir al secretario de Estado y al comandante de la Policía, Arnaldo Sanabria; no obstante, Lugo ignoró el pedido.

Ya un día antes del juicio político, el senador Blas Llano anunciaba abiertamente su enojo hacia el gobernante.

La decisión de apoyar el proceso contra Lugo era casi un hecho cuando en el día D, el 21 de junio, los liberales prácticamente echaron de la sede del PLRA a Miguel López Perito, secretario general de la Presidencia, quien intentó una negociación para evitar el juicio.

El principal cuestionamiento hacia el juicio político contra Lugo fue el corto tiempo concedido al exobispo para preparar una defensa ante el Congreso.

Los legisladores argumentaron que en el artículo 225 de la Constitución no se especifica plazo alguno, por lo que jurídicamente -según consideraron- no había irregularidad alguna.

De esta manera, luego de aprobarse la acusación en la Cámara de Diputados, en el mismo día sesionó de forma extraordinaria el Senado para recibir el libelo acusatorio.

Los legisladores aprobaron un reglamento para el proceso y convocaron a Lugo para declarar al día siguiente, el 22 de junio.

Luego de escuchar los alegatos, finalmente 39 de los 45 senadores votaron “por la condena”, con lo que se consumó la destitución de Lugo por mal desempeño en sus funciones.

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