Las sociedades occidentales actuales caracterizadas como democracias liberales se han organizado, esencialmente, para satisfacer el interés general y asegurar la observancia y ejercicio de los derechos fundamentales de las personas.

Los poderes públicos, en el ejercicio de sus atribuciones y competencias, tienen el deber ineludible de crear las condiciones necesarias para hacer efectivos los derechos y las libertades: “mejorar las condiciones de vida de los habitantes de un país”.

La barrera de los problemas estructurales

En América Latina rigen democracias, salvo pocas excepciones, que cuentan con marcos jurídicos que promueven y garantizan el ejercicio de las libertades, lo que ha posibilitado que las actividades económicas puedan desarrollarse. Sin embargo, pese a los avances que se ha experimentado, la región continúa sin resolver problemas estructurales que se evidencian con los indicadores de pobreza y desigualdad, entre otros.

De alguna manera, nos hemos acostumbrado, también, a dejar pasar oportunidades para emprender políticas y acciones sostenidas que encaminen a un franco crecimiento y desarrollo económico. En lugar de ver el horizonte nos quedamos en el pasado, en situaciones que en varios ciclos se han denominado “décadas perdidas”.

En el primer trimestre del 2026 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó el libro “Mercados y Desarrollo: Cómo la competencia puede mejorar vidas” que trae aportes significativos, no solo para los debates, sino para la reflexión y toma de decisiones de los distintos actores públicos y privados.

Presenta datos y análisis que demuestran los efectos positivos y favorables que trae el fomento y aplicación de la competencia económica. Con cifras incontrastables se puede apreciar en la práctica lo que conceptualmente se describe como el ciclo virtuoso de la competencia: más participantes en el mercado, mejor productividad, innovación, más variedad de productos y mejor calidad, mejores precios, incremento de empleos, crecimiento y desarrollo económico.

En la publicación reciente del 29 de abril de ABC se pueden encontrar algunos datos significativos e impresionantes de lo que podría suceder si se da a la competencia económica la importancia que se requiere y se le aplica como debiera.

La competencia en el centro

La competencia no debe ser enfocada ni entendida como una proclama ideológica, ni como una receta, ni como algo importado desde los países desarrollados. Hay mucha evidencia empírica, durante décadas, de cómo la competencia económica ha permitido el crecimiento económico y el desarrollo en varios países de otras regiones y continentes (La OCDE ha realizado muchas investigaciones y ha presentado abundante documentación al respecto). El aludido trabajo del BID nos refresca y recuerda esta gran verdad y nos demuestra lo que se podría lograr en América Latina si la competencia se la promueve, garantiza y defiende como el eje central de la actividad económica.

Principios claros y política efectiva

El principal reto es adoptar los principios y la política de competencia como el eje articulador del funcionamiento de cualquiera de nuestros países, aplicando las normativas en pro de la competencia, fortaleciendo a la autoridad de competencia para que pueda cumplir eficazmente su rol, emprendiendo frontalmente procesos de simplificación de trámites y eliminación de barreras normativas a fin de que se elimine lo que se denomina “captura de los reguladores” y toda forma de distorsión de los mercados.

En definitiva, sí es posible que los países de América Latina crezcan y se desarrollen económicamente y, en consecuencia, sí se puede mejorar la vida de los latinoamericanos. “Hay que hacer que las cosas pasen”.

*Miembro de Corporación CERC y exsuperintendente de Competencia Económica de Ecuador