Ayer en conferencia de prensa, la Conacom explicó sobre el inicio de un sumario de investigación contra siete frigoríficos por presunta infracción de la Ley de Defensa de la Competencia.
Desde la institución señalaron que decidieron analizar posibles conductas anticompetitivas en el sector del ganado bovino. La decisión fue adoptada tras un requerimiento de la Dirección de Investigación, basado en el análisis de información pública, denuncias periodísticas, antecedentes sectoriales y estudios económicos.
El director de Investigaciones de la Conacom, Ricardo Gavilán, comentó que el proceso ya se encuentra en curso y que está vigente el plazo de investigación previsto en la Ley. Detalló que la Dirección de Investigación dispone de 180 días para presentar su requerimiento conclusivo.
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Alcances de la investigación
En cuanto a los alcances de la investigación, mencionó que el objetivo es determinar la existencia o no de eventuales infracciones a los artículos 8 y 9 de la Ley de Defensa de la Competencia, vinculadas a posibles acuerdos o prácticas concertadas entre agentes económicos (industrias). Así como eventuales restricciones a la competencia en el mercado de compra de ganado bovino para faena, así como indicios de posición dominante, individual o colectiva, y su eventual abuso.
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“Nos hicimos eco de algunas manifestaciones de gremios de productores en el mercado de la carne, donde se señala una forma aparentemente consensuada entre los frigoríficos para el pago de bonificaciones a los productores”, destacó.
Sobre ese punto, según se lee en el expediente CPR Nº 01/26 dichas declaraciones fueron realizadas en medios de comunicación por el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Daniel Prieto, y por quien en su momento fuera titular de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (APPEC), Ramiro Maluff.
En este marco, aclaró que los gremios ganaderos no presentaron ninguna denuncia formal ante la Conacom y que el ente regulador está actuando de oficio.
No fija ni regula el precio de la carne
Asimismo, Gavilán precisó que la Conacom no es un organismo regulador de precios ni tiene facultades para imponer resoluciones que obliguen a las empresas a reducir valores. Señaló que la institución tampoco puede dictar resoluciones que interfieran directamente en los precios del mercado.
“En ningún artículo de una eventual resolución se puede establecer que se imponga a las empresas bajar los precios. Eso no está dentro de nuestras atribuciones. La Conacom no puede interferir en los valores”, sostuvo.
En ese sentido, aclaró que la duración del proceso investigativo de la Conacom no implica que el precio de la carne se mantenga elevado durante ese período. Afirmó que no se puede atribuir al proceso la falta de una baja en los precios y enfatizó que “no funciona de esa forma”.
Por lo que reconoció que los plazos de investigación y resolución están fijados por ley y no responden a una decisión discrecional o burocrática de la institución.
“Emprender una investigación en un mercado tan complejo como el de la carne requiere un análisis económico profundo, del funcionamiento del mercado, y la búsqueda de elementos probatorios que permitan determinar si existen o no conductas anticompetitivas para poder tomar una decisión”, explicó.
Industrias seguirán operando
El funcionario agregó que la Conacom no puede imponer restricciones al funcionamiento de las empresas mientras dure la investigación, por lo que las industrias continuarán operando con normalidad. Añadió que las siete empresas investigadas cuentan con todas las garantías del debido proceso.
“Las empresas ya fueron notificadas, pueden presentarse con sus representantes legales, acceder al expediente, formular las manifestaciones que consideren oportunas y presentar la documentación que estimen necesaria para desvirtuar los indicios que motivaron la apertura del sumario”, subrayó.
En cuanto a las posibles sanciones, el miembro del directorio de la Conacom, Rolando Díaz, detalló que, de confirmarse una infracción a la Ley de Defensa de la Competencia, las multas pueden calcularse de dos maneras: hasta el 20% de la facturación del año anterior o hasta el 150% de la utilidad generada por la conducta anticompetitiva comprobada.
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“Son las dos ecuaciones que se pueden aplicar. En casos anteriores, como el de Bancard, sancionado por abuso de posición dominante, se utilizó el criterio de hasta el 20% de la facturación del año anterior”, recordó.
Además de las sanciones económicas, alegó que la Conacom puede imponer medidas correctivas para restablecer las condiciones de competencia en el mercado y, eventualmente, emitir recomendaciones.
Las industrias
Las empresas sometidas a investigación son: Frigochorti, Frigochaco, Guaraní, Frigorífico Concepción, Frigorífico Neuland, Frigomerc y Frigorífico Victoria.