La educación pública está en crisis

Es un hecho notorio fácilmente comprobable que nuestro sistema educativo público desde hace décadas tiene graves problemas profundamente enraizados y prácticamente crónicos. Es cierto que la televisión, la quiebra de la familia, los cambios culturales, internet y, sobre todo, la cooptación por la ANR del personal directivo y docente del sector público, contribuyen al deterioro de la educación estatal en todos los niveles pedagógicos, pero no son esas las causas principales. Considero que las razones fundamentales de ese deterioro son la inconstitucional centralización y la escandalosa burocratización de la enseñanza pública.

La sustitución de los padres por docentes obligados a cumplir las responsabilidades pedagógicas y operativas impuestas por el MEC, favorece la desidia y la irresponsabilidad paterna y materna en la educación de los hijos, pues están más interesados, ocupados y preocupados por aumentar sus ingresos y su estatus social, dejando la responsabilidad de aprender y cómo, en los funcionarios administrativos y en los docentes públicos.

El MEC recibe cada año más dinero del presupuesto estatal financiado por el pueblo, solo para fortalecer el asfixiante control político de la educación primaria y secundaria; ese control ha demostrado ser cada vez más ineficaz y costoso. Cada año los exámenes de conocimientos y capacitación técnica de los docentes públicos realizados por el MEC revelan más del 80 por ciento de aplazados. El efecto negativo en los alumnos se evidencia en pruebas internacionales como PISA 2022, donde 9 de cada 10 estudiantes no alcanzaron el nivel mínimo en matemáticas, y más de 7 no alcanzaron el mínimo en comprensión lectora, a pesar de que el MEC destina el 85% de su presupuesto al pago de salarios, y solamente el 7% para la calidad educativa, infraestructura y materiales didácticos. La causa principal de que los graduados del sector público no tienen ahora el mismo nivel de formación de los alumnos de hace 70 u 80 años atrás, no es porque ahora el estado destine menos dinero en la educación pública. Nada de eso; entonces el presupuesto estatal era menor al 1% del PIB; sin embargo, para este 2026 se destinará el 4,3% del PIB. Además, se prevé una inversión de G. 71 mil millones para el escalafón docente y el reajuste salarial por inflación del 3,6%; sin embargo, es un hecho notorio e indiscutible que la calidad de la educación pública decae aceleradamente mientras se aumenta el salario de los docentes públicos, sin ningún criterio valorativo éticamente aceptable que lo justifique, consolidándose la centralización y la burocratización en detrimento del cacareado y falso “mejoramiento” de la educación pública. Con escasas excepciones, las recomendaciones e intentos de mejoramiento del sistema público, persiste en mantener la organización actual como algo dado, sin siquiera plantear la posibilidad de cambiar el statu quo. Se puede defender la financiación pública de la enseñanza, basándose en que una democracia solamente funciona adecuadamente si los habitantes tienen un nivel cultural y conocimientos generales aceptables, pero esa no es nuestra realidad actual.

Otros sistemas más apropiados y justificados de organización de la educación básica podrían permitir a los padres y encargados de los jóvenes, un mayor control y gestión en la formación intelectual y ética de sus hijos, para dar mejor cumplimiento al ejercicio del derecho a la educación integral y permanente, que como sistema y proceso debe realizarse en el contexto de la cultura comunitaria, no única y obligatoriamente por el Estado, para la erradicación del analfabetismo y la capacitación para el trabajo, que según el artículo 73 constitucional, deben ser objetivos permanentes del sistema educativo, que actualmente carece de la idoneidad y la integridad ética exigidos en el artículo 74 de la Constitución.

El artículo 75 constitucional prescribe que la educación es responsabilidad de la sociedad, y recae en particular en la familia, el municipio y el estado, en ese orden; sin embargo, el actual sistema educativo público se olvida de la familia, y omite la participación del municipio, concentrando la estructura y la organización de la educación básica, pública y privada, en el MEC, dejando de lado la participación de las distintas comunidades educativas, que es una exigencia del artículo 76 constitucional; ese ministerio, desde la dictadura stronista – colorada hasta el presente, es un importante instrumento de presión y opresión política mediante las organizaciones sindicales cooptadas por la ANR, que aparecen atiborradas en apariencia de buenas intensiones, aunque siempre respaldando la vieja pauta política de echar más dinero encima de la educación pública en crisis, exacerbada por deserción escolar, formación docente ineficiente y una pésima calidad educativa que ubica a Paraguay en el último lugar en América Latina.

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Urge un análisis objetivo y serio de las verdaderas causas del deterioro de la educación pública, en vez de recurrir al procedimiento fácil, partidariamente atractivo e históricamente ineficaz, de limitarse a dedicar al problema anualmente más dinero del sufrido paraguayo, que sucumbe ante la tiranía estatista en olvido o desprecio de los principios y normas de la Constitución, más arriba mencionados.

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