Vayamos a los episodios. Hace unos días, el ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Jiménez afirmó en una entrevista que uno de los principales problemas del Poder Judicial es la falta de funcionarios. Un poco antes, una acción de amparo presentada por mujeres que fueron víctimas de medidas discriminatorias en el proceso de selección de cadetes de la Policía Nacional fue rechazada porque, supuestamente, “el reclamo debió haberse hecho por las vías ordinarias”. En tercer lugar, todavía más atrás en el tiempo, también en una entrevista, el ministro de la Corte Víctor Ríos dijo que las cortes deben esperar el momento oportuno para pronunciarse si aprecian que su decisión podría desembocar en una crisis política.
Estoy en desacuerdo con lo primero, suscribo (con un giro) lo tercero y considero que gran parte del problema de legitimidad del Poder Judicial pasa por lo segundo. Me explico. Las garantías constitucionales, esos procedimientos judiciales creados para proteger los derechos fundamentales y la supremacía de la Constitución, vienen sirviendo mayormente para beneficiar a determinados intereses económicos y para validar medidas polémicas del poder de turno, pero casi nunca para garantizar los derechos de los más vulnerables o frenar la concentración del poder. Así, al tiempo que las demandas de las personas más desvalidas chocan con respuestas que dicen “vayan por otro camino”, hemos visto cómo los tribunales, al resolver otros “casos constitucionales”, disponen la restricción de información pública; habilitan el ingreso de productos alimenticios sin registro sanitario; permiten la instalación sin límites de estaciones de servicio; avalan que buses chatarra circulen en el sistema de transporte; respaldan al Poder Ejecutivo en la emisión de bonos del tesoro público sin autorización del Congreso; toleran que frigoríficos sigan operando en zonas urbanas, y un largo etcétera.
La principal misión de los jueces es garantizar los derechos (ayudándonos a alcanzar la mejor comprensión posible de sus contenidos) y velar por el funcionamiento de la democracia (haciendo respetar sus procedimientos). Con todo, cuando contrastamos tales roles con lo dicho arriba, pareciera que el Poder Judicial funciona, más bien, según “la cara del cliente”. Y esta idea extendida de que la aplicación de la ley depende de cuestiones externas, ajenas al sistema jurídico, de que no gana el que tiene razón sino el que tiene dinero o poder político, es, a mi criterio, mucho más venenosa para la legitimidad de la justicia que la —quizá cierta, pero menos importante— cantidad de funcionarios necesarios para llevar adelante su tarea. Dime para quiénes sirven las garantías y te diré qué espero del derecho. Dicho esto, creo que la Corte tiene (y siempre ha tenido) en sus manos la posibilidad de impulsar (algo) la legitimidad del sistema de justicia, precisamente en línea con el tercero de los episodios que mencionara: siendo oportuna, sobre todo, en casos en los que están en riesgo las libertades básicas, la participación política y la separación de poderes. Sin embargo, eso de “el momento oportuno” no debe entenderse como “cuando nadie esté mirando” o “cuando se calmen las aguas”; no, de ninguna manera. Ante casos graves como los mencionados, que tienen que ver con las reglas de juego de la vida en comunidad, lo que se requiere es que la Corte priorice esos casos. Sus energías deberían centrarse en persuadirnos de que está trabajando, sin descanso, para darnos una respuesta rápida; que no tiene nada mejor que hacer y que no hay otros cálculos políticos de por medio. El tiempo que pasa opera en contra de su legitimidad. La magia jurídica, como dice Martín Böhmer, se logra solo cuando quienes reciben una sentencia desfavorable agachan la cabeza frente a la dignidad del derecho de la democracia constitucional y acatan la decisión. Para ello, la legitimidad es imprescindible.
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