Las mutaciones del crimen organizado contemporáneo encuentran su mejor ilustración en el proceso Mafia Capitale, que sacudió a la Roma del siglo XXI. Allí quedó demostrada la existencia de una “omertà de guante blanco”: el sometimiento ya no se logra con plomo, sino mediante el poder económico, el cohecho y la manipulación de las instituciones públicas. El llamado “Mundo de Enmedio” descrito por los fiscales romanos es una zona gris donde políticos, empresarios y figuras del crimen organizado coexisten y se protegen mutuamente bajo apariencia de legalidad, extendiendo los tiempos del proceso y reescribiendo las reglas del juego procesal cuando la presidenta de la organización los necesita.
El caso de Erico Galeano no es una anécdota más en la corrupción paraguaya: es la demostración más documentada y reciente de que este código adaptativo opera en el corazón del movimiento político que controla los tres poderes del Estado. El 19 de mayo de 2023, los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak imputaron al entonces diputado y senador electo por lavado de dinero y asociación criminal en el marco del Operativo A Ultranza Py: recibió un millón de dólares en efectivo por la venta de un inmueble a un testaferro del esquema narco, auspició al Club Deportivo Capiatá con dinero del tráfico de cocaína y prestó su aeronave privada a la organización de Sebastián Marset. El 4 de marzo de 2026, un tribunal especializado lo condenó a 13 años de prisión, sentencia ratificada por unanimidad por la Segunda Sala de Apelación el 4 de mayo siguiente.
La historia verdaderamente relevante para la criminología política no es la condena: es lo que ocurrió durante los tres años que la separan de la imputación. La omertà cartista no fue un silencio pasivo; fue una operación activa de protección institucional. La primera señal llegó el mismo día de la imputación: la noticia alcanzó a Galeano mientras él oficiaba de anfitrión de una cumbre política en su quinta de Capiatá, compartiendo mesa con el presidente electo Santiago Peña, el vicepresidente electo Pedro Alliana y el líder del movimiento, Horacio Cartes. La fotografía de ese día vale más que cualquier declaración posterior.
A lo largo de los meses siguientes, el cartismo desplegó un arsenal de maniobras parlamentarias que evocan con precisión los vicios de infiltración sistémica descritos en los juicios de Palermo. En abril de 2024, el Senado cartista aprobó la Resolución Nº 502, que “devolvió” los fueros a Galeano mediante una figura que los constitucionalistas calificaron de inexistente en el ordenamiento jurídico paraguayo. Aplastada por la presión pública, la bancada tuvo que derogarla dos semanas después. Incluso tras la condena de primera instancia, el oficialismo aprobó un permiso sine die para el condenado, nuevamente inconstitucional. Nunca se tomó la iniciativa de expulsarlo: el sistema esperó, administró y postergó, aplicando la máxima del “Mundo de Enmedio”: el poder protege a los suyos extendiendo los tiempos del proceso.
El discurso público de Galeano en este período siguió el manual de la omertà tradicional con llamativa fidelidad. Ante los medios afirmó ser víctima de un “linchamiento jurídico y político”, denunció persecución por parte de Colorado Añetete y jugó el papel de inocente hostigado, que Falcone y Borsellino ya documentaron en los cuadernos de Palermo. La identificación del perseguidor nunca apuntó hacia quienes realmente lo amparaban. Su renuncia final fue presentada minutos antes de que el Senado tratara su expulsión: igual que en los episodios de la mafia corporativa, la estructura le avizoró que la caída era inminente y él cedió justo a tiempo para salvar la fachada del movimiento.
El contraste con el caso de Kattya González termina de revelar el carácter sistémico. Mientras una opositora incómoda fue expulsada de forma exprés violando las reglas del propio Senado, un miembro del esquema condenado a 13 años por narcolavado fue sostenido en el cargo durante años mediante fueros inventados, permisos inconstitucionales y dilaciones parlamentarias. El sistema no es ciego: ve perfectamente a quién destruir y a quién proteger. Santiago Peña, que durante años defendió públicamente la inocencia de Galeano ante audiencias internacionales, se retiró sin hablar cuando los periodistas le preguntaron por la dimisión: “Es una decisión de la Justicia”, con la misma frialdad instrumental con la que alguien cierra una puerta que ya no necesita.
Si aún quedara alguna duda sobre el carácter sistémico de esta protección, el Consejo de la Magistratura se encargó de disiparla en los mismos días de la renuncia de Galeano. En su sesión ordinaria, el Consejo conformó la terna para juez de Primera Instancia de Crimen Organizado de la Capital. El fiscal Deny Yoon Pak —el mismo que condujo el Operativo A Ultranza Py, desmanteló la red de Marset y logró la condena histórica contra Galeano— recibió exactamente un voto. En contraste, el fiscal Aldo Cantero, conocido públicamente como “Aldo canta 50” desde las filtraciones del JEM en 2017, obtuvo siete votos y encabezó la terna.
El historial de Cantero representa el triunfo de la degradación institucional: chats filtrados con Pedro Ovelar, abogado de Horacio Cartes, revelaron que la imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez fue coordinada bajo instrucciones del entorno cartista, lo que provocó que fuera apartado, junto al “valiente” Giovanni Grisetti, de la causa por el propio fiscal general; en plena feria judicial pidió la desestimación de la denuncia sobre el presunto título falso del senador Hernán Rivas; y fue sumariado por violencia doméstica. Cuando un senador miembro del Consejo fue consultado sobre esta votación, respondió sin eufemismos: “Pesa, hay que reconocer la inclinación política”. El ostracismo a Deny Yoon Pak y el premio a Aldo Cantero no son una anomalía: son el sistema funcionando exactamente como fue diseñado para funcionar.
La omertà cartista no es una metáfora: es un método de captura del Estado que tiene historia, nombre y dirección. Como en el Maxiproceso de Palermo y en la Mafia Capitale romana, la frontera entre la justicia y el crimen organizado se ha disuelto por completo en el Paraguay de 2026. Mientras el fiscal que persigue al crimen recibe el castigo del ostracismo y el fiscal que coordina imputaciones con los abogados del poder encabeza las ternas judiciales, el método sigue vigente. Terminará cuando alguien dentro de esa estructura decida romper el pacto y hablar de verdad: sobre quién sabía qué y desde cuándo, cómo se coordinaron las maniobras parlamentarias y qué se dijo en la quinta de Capiatá el día de la imputación. Mientras eso no ocurra, la ley del silencio seguirá siendo, en Paraguay, perfectamente legal.
* Abogada, egresada de la UNA. Magister en Derecho con Especialización en Litigación Oral por la California Western School of Law, Magna Cum Laudex, exministra de Justicia de la República del Paraguay (2019-2022).
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