A Ultranza Py: indagan si procesados fueron favorecidos por la Secretaría de Emergencia Nacional

Los procedimientos encabezados por los agentes fiscales Silvio Corbeta, Diego Arzamendia, Alma Zayas y Jorge Arce fueron en el marco de la investigación sobre lesión de confianza al exministro de la SEN Joaquín Roa, quien precisamente fue separado del cargo ante serios indicios de su vinculación con elementos de una estructura criminal dedicada al tráfico de cocaína y que fue desbaratada en el operativo A Ultranza PY, que se inició en febrero del año pasado.

Aparentemente, los agentes del Ministerio Público tienen las sospechas que Roa, desde la SEN promovió la adjudicación de servicios a estas empresas de fachada. De acuerdo con los investigadores en el 2018 la secretaría de Estado habría pagado más de G. 1.500 millones por la supuesta contratación de camiones para el traslado de insumos y recursos para personas damnificadas, señalaron.

Sin embargo, en los procedimientos efectuados el viernes últimos con el acompañamiento de efectivos del departamento de Delitos Económicos de la Policía, los agentes no lograron ubicar ningún vehículo de gran porte en las inmediaciones de las propiedades intervenidas, que en realidad eran simples viviendas.

Una de las casas allanadas está ubicada en el barrio Santísima Trinidad de Asunción, que funciona como sede de la firma Noemacol SA, donde también se encontraron papeles de la firma Grupo Tapyracuai S. A., que pertenecerían a María Noelia Comán Alarcón y su pareja Alberto Koube. Ambos fueron detenidos y acusados en el operativo a A Ultranza PY. La mujer está acusada por lavado de dinero, mientras que Alberto está procesado por lavado de dinero y asociación criminal.

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La empresa Noemacol fue una de las más beneficiadas por la SEN en las supuestas contrataciones de camiones, que fueron pagadas íntegramente con fondos de la secretaría del Estado, hecho que demostraría que los narcos a más de lavar dinero usaban esta entidad estatal para generar ganancias, según explicaron.

Otro procedimiento fue en Paz del Chaco casi Mburucuyá de Lambaré y el tercer operativo se dio en calles Florida casi Enrique Solano López, en el barrio Jara de Asunción, en todos los lugares se encontraron documentaciones. Todas estas empresas fueron supuestamente montadas con capital del prófugo Sebastián Enrique Marset Cabrera para el lavado de dinero “sucio”.

Nueve años en el cargo

Joaquín Roa ocupó el cargo de ministro-secretario de la SEN por casi nueve años. Ingresó durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018) y continuó hasta el 24 de febrero del 2022 como parte del gabinete de Mario Abdo Benítez.

Roa fue destituido luego de confirmar su amistad con Alberto Koube, actualmente preso y que es propietario del lujoso yate “Antares” incautado en el marco de la operación “A Ultranza”.

El exfuncionario había confirmado que adquirió la embarcación valuada en unos US$ 400.000 del Grupo Tapyracuai SA, coincidentemente, propiedad de su amigo Koube. Roa mencionó en aquella ocasión que su salario era de G. 22 millones y que logró adquirir el yate gracias a un préstamo de US$ 150.000

Juicio oral para 14

El jueves último, el fiscal de Lucha contra el Narcotráfico, Deny Yoon Pak presentó acusación en el marco del operativo A Ultranza contra 14 procesados, por los hechos punibles de tráfico internacional, lavado de dinero y asociación criminal.

La lista de acusado la encabeza Conrado Ramón Insfrán Villar (33), hermano de Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, presunto líder de la estructura criminal dedicada al tráfico de cocaína con base en Paraguay. Los otros procesados son Alberto Koube, su hermana Fátima Irene Koube , Job von Zastrow Masi, Luis Fernando Sebriano González, Liz Fabiola Taboada Gamarra, María Noelia Colmán Alarcón, Reina Mercedes Duarte Aguilera, Tadeo Moisés González Zárate, Alexis Vidal González Zárate, Irma Vergara; el exdiputado colorado Juan Carlos Ozorio Godoy, José Enrique Gamarra Villalba y Diego José Cubas Jordán.