El 6 de junio de 2022 el Consejo de la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia emanó la Resolución N° 158, ordenando instrucción de sumario administrativo a la médica forense del Poder Judicial de la Circunscripción de Central, Dra. Ana Stael Alfonso Vera, y los abogados Crispín Gilberto Rojas García y Rosana María de Luján Palazuelos Ocáriz.
Esto en “base a publicaciones periodísticas sobre supuestas irregularidades cometidas” por los citados dentro del proceso de 2021 sobre Walter José Galindo Domínguez, para “la averiguación, comprobación y esclarecimientos de los hechos denunciados”. En este tiempo Galindo fue detenido nuevamente, por el caso Mercat.
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Por dicha resolución se ordenó la suspensión preventiva sin goce de sueldo para la Dra. Ana Stael Alfonso Vera, tal como figuraba en los informes médicos que emanaba. Se aclara, pues, que en otras publicaciones también aparece como Alfonso Decoud, ya que adoptó el apellido de su esposo.

También se ordenó la suspensión preventiva en el ejercicio de la profesión para Rojas García y Palazuelos Ocáriz. Para este entonces, el primero ya estaba suspendido para ejercer la profesión porque era objeto de otra pesquisa.
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Para ello fue designado el juez instructor Carlos Enciso Garcete, superintendente general de Justicia interino. Pero del resultado no se supo.

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Jueza ahora es blanco de investigación
El 8 de junio de 2023, nuevamente con base en publicaciones periodísticas de nuestro diario, el Consejo de la Superintendencia de la Corte dispuso el inicio de una investigación preliminar, pero esta vez ya a la jueza penal de garantías N° 2 de Lambaré, Isabel Beatriz Bracho de Brítez.
Igualmente, el abogado Crispín Rojas, quien un año atrás ya era objeto de investigación, ahora vuelve a serlo, con la salvedad de que el abogado Fernando Bernal también fue incluido.

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Todo esto ante sospechas de que los abogados Crispín Rojas, Rosana Palazuelos y Fernando Bernal, al servicio de Walter Galindo, habrían pagado sobornos a la fiscala antidrogas Egidia Victoria Gómez Denis y a la jueza Isabel Bracho, así como a la médica forense Ana Alfonso, para blanquear al presunto narco Galindo.
El 13 de mayo de 2021 se incautó 1,49 kg de supuesta cocaína de la casa de Galindo, en Villa Elisa. Esa sustancia quedó resguardada en la unidad de la fiscala Gómez, quien la trasladó al Laboratorio Forense, donde fue analizada y resultó ser bicarbonato de sodio. La fiscala está siendo investigada en el Jurado.

