Este lunes prosiguieron las diligencias investigativas en el marco de la causa en la que está imputada la abogada Zully Concepción Ortiz García (47), con la realización de más allanamientos a inmuebles vinculados a la misma. La misma está señalada de dirigir amenazas contra el periodista Carlos Benítez, como repercusión por las publicaciones relacionada a la “mafia de los pagarés”.
Uno de los procedimientos tuvo lugar en el barrio Roberto L. Pettit, a cargo de la fiscala Ruth Benítez, y el segundo, en el barrio Sajonia, a cargo de la fiscala Diana Gómez, ambos en Asunción. Las agentes de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos tuvieron acompañamiento de policías del Departamento Contra el Crimen Organizado (DCCO).
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De acuerdo con la información que manejaban los intervinientes, el primer lugar habría estado habitado por familiares de la abogada Zully Ortiz. En base a esto se formuló la hipótesis de que en el sitio se pudieron haber guardado documentaciones varias relacionadas, a su trabajo legal como a la cuestión de la mafia de los pagarés.
Cabe señalar que esta casa, aparentemente nueva, está ubicada a unos 100 metros del domicilio de Ortiz, que fue allanada el jueves pasado y donde la abogada cayó detenida.
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Cuando la comitiva fiscal-policial llegó al inmueble, ya no habían personas, por lo que los agentes policiales tuvieron que forzar el portón para cumplir con la autorización judicial de allanamiento. Una vez dentro, los intervinientes no hallaron elementos que sirvan de utilidad para la pesquisa y constataron que quienes estuvieron ahí “limpiaron” el lugar. Igualmente, la fiscala Benítez incautó el DVR del sistema de vigilancia, para ser sometido a pericia más adelante.
En Sajonia, a comitiva a cargo de la fiscala Diana Gómez igualmente, se vio obligada a cortar candados del local para ingresar. La propiedad, que es alquilada por una mujer, también está ligada a Zully Ortiz, quien sería la propietaria. En el sitio no se encontraron elementos relacionados a la causa investigada.
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Posible quema de archivo
En videos que circulan por las redes sociales se observa a una mujer cuando arroja varias hojas de papel a lo que sería la hoguera de una parrilla, en la parte posterior de una vivienda, que es la sede del estudio jurídico de la abogada Zully Ortiz -ubicado en Colón y Madrid- que fue allanado por la Fiscalía y la Policía el jueves pasado.
En relación a lo que se puede ver en el material, existe una fuerte sospecha de que se trataría de una “quema de archivo”. Pues, según datos que se manejan en torno a la causa contra Ortiz, la misma habría ordenado la extracción de volúmenes de documento de su oficina ubicada entre las calles Colón y Madrid de Asunción, un día antes de que sea intervenida.
Este hecho, podría derivar en la apertura de una causa penal por frustación de la persecución y ejecución penal en el Ministerio Público.
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Investigación podría ir a Udea
Durante los allanamientos hechos el 22 de enero, en el domicilio de la abogada Zully Ortiz, así como en su estudio jurídico, se incautaron varios documentos. Del último, especialmente, se habían incautado varios biblioratos que contenían, en conjunto, poco más de 300 horas de pagarés en blanco, los cuales constituirían un remanente de lo que no habría logrado sacar.
Lo que surja de estos documentos podría derivar en la apertura de otra causa penal, pero en la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).
En dichos procedimientos no solo se incautaron pagarés, sino también documentos que guardan relación a la compra y venta de bienes inmuebles por importantes sumas de dinero.
Ello hace suponer que la Ortiz, al ser parte de la rosca de la mafia de los pagarés, habría realizado diligencias judiciales a través de las cuales logró embargar propiedades que luego vendía y, con el dinero obtenido con ellas, volvía a adquirir otros. Esto igualmente podría constituir lavado de dinero.
Abogada habría instigado a su amiga para lanzar amenazas a periodista
Entre las 19:30 y las 21:30 del 18 de septiembre de 2025, personas no identificadas aún atacaron con disparos contra la casa del periodista Carlos Benítez, en Lambaré. Uno de los proyectiles impactó contra la verja de la propiedad y otro traspasó la puerta principal de madera, una mampara de blíndex y terminó en el quincho, ubicado en la parte trasera. Benítez denunció este ataque y también amenazas que llegaban por redes sociales.
En el marco de esta causa, el 30 de octubre de 2025, la fiscala Ruth Benítez llevó a cabo un procedimiento en un taller mecánico, donde fue detenido Luis Alberto Quintana Acosta, como principal sospechoso de realizar las amenazas contra el hombre de prensa, por las publicaciones que denunciaban y exponían la mafia de los pagarés.
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Resulta que a través de elementos obtenidos dentro de la causa también se pudo llegar hasta Evelin Paredes, quien sería pareja sentimental ocasional de Luis Quintana, y a su vez, la citada sería amiga y también vecina de la abogada Zully Ortiz, interviniente en casos relacionados a la mafia de los pagarés.
Con base a esos datos, en la imputación fiscal se plantea la hipótesis de que en la relación entre Paredes y Quintana existió una sólida confianza, la cual habría sido aprovechada por la mujer en cada encuentro con el mecánico, para apoderarse del celular del mismo y realizar publicaciones en el perfil del medio digital de Benítez a través del perfil de Quintana.
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Sin embargo, el contenido de esas publicaciones no habrían sido realizado por Paredes, sino que ella al contar con el teléfono de Quintana, se ponía en contacto la abogada Zully Ortiz, con quiten tiene una relación de amistad, y la última le remitía información vinculada a los casos de la mafia de los pagarés para publicarla, con datos erróneos y sensibles de los expedientes.
Además, Eveli Paredes habría enviado desde el perfil de Luis Quintana al perfil del medio de comunicación digital, publicaciones que involucraban al denunciante Carlos Benítez, muchas de manera coactiva para que cesen las publicaciones.