Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 34 años, alias Omelet, fue capturado el viernes 13 de marzo en Bolivia y llevado ese mismo día a Perú, donde fue interrogado en la oficina regional de la Drug Enforcement Administration (DEA) para Sudamérica.
Llegó a Estados Unidos al día siguiente, sábado 14 de marzo, y permaneció depositado inicialmente en la sede central de DEA, en la ciudad de Arlington, estado de Virginia, aunque actualmente se halla recluido de manera provisoria en el Centro de Detención para Adultos William Gene Truesdale, en la ciudad de Alexandria, también correspondiente al estado de Virginia.
Marset compareció el lunes 16 de marzo por primera vez en el Tribunal Federal Albert V. Bryan, también en la ciudad de Alexandria, donde le informaron que está imputado por conspiración de lavado de dinero.
Regresó al mismo estrado judicial el viernes 20 de marzo, pero sus propios abogados pidieron posponer la audiencia, que entonces se fijó para este miércoles 25 de marzo, es decir, en tres días.
En caso de hacer una delación, podrían darle aproximadamente 10 años de condena. Si solo se declara culpable, sin la necesidad de hacer la delación, le esperan 20 años de cárcel. Si no, deberá afrontar un juicio en el que la expectativa de pena sube hasta 60 años de encierro.
Fiscalía de nuestro país permanece en expectativa
El fiscal general del Estado de Paraguay, Emiliano Ramón Rolón Fernández, ya había adelantado la posición institucional, consistente en que aunque sea por protocolo se va a enviar el exhorto de extradición contra Marset, ya que en nuestro país hay una causa abierta contra el uruguayo y toda su estructura, por narcotráfico y lavado de dinero, en el caso denominado A Ultranza.
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Sin embargo, el fiscal general de nuestro país es consciente de que ahora mismo Estados Unidos tiene la prioridad para juzgar a Marset, pero que espera reciprocidad de parte de los norteamericanos, para que por lo menos le saquen información al uruguayo y la compartan con los fiscales paraguayos.
“Le di dos buenos tiros”
Además de su proceso principal por narcotráfico y lavado de dinero en el caso A Ultranza, Sebastián Marset aún tiene otros asuntos pendientes de explicar en Paraguay.
Por ejemplo, debe responder por el asesinato de su primo, Diego Andrés Olivera Cabrera, uruguayo, de 37 años, ocurrido en la noche del 23 de octubre de 2020.
Diego Olivera fue ultimado con dos balazos y su cuerpo arrojado desde una camioneta Mercedes Benz blanca en la calle Capitán Ojeda del barrio María Auxiliadora de Mariano Roque Alonso.
Esa misma noche, el ahora preso en Estados Unidos, Sebastián Enrique Marset Cabrera, le envió mensajes al ahora preso en Paraguay, Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, el otro supuesto líder del esquema desbaratado en la operación A Ultranza.
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“Mi bro, le di un tiro y se tiró del auto, ahí cerca de tu casa. Fíjate. ¿Podés? Espero que haya muerto. Lo llevaba convencido y lo iba a matar ahí llegando, y se tiró mi bro. Pero le di dos buenos tiros, pero cayó muerto me parece. Avísame mi brother”, decía parte de aquella conversación.
Efectivamente, la zona donde murió el uruguayo es muy cerca de la casa donde vivía Tío Rico hasta ese momento.
Es decir, Marset mató a su primo, por una aparente traición, y luego le pidió a Tío Rico que fuera a verificar si realmente falleció.
¿Sebastián Marset se fue sin saber que lo investigaban?
Otro tema polémico que rodea al caso de Sebastián Marset es el motivo de su salida de Paraguay. Una teoría supone que se fue sin saber que lo investigaban y que incluso pretendía volver a nuestro país.
Marset, su pareja Gianina García Troche (presa en Emboscada) y los hijos de ambos salieron por última vez de Paraguay el 7 de junio de 2021 con sus documentos uruguayos legales rumbo a Emiratos Árabes Unidos, adonde viajaban con relativa periodicidad.
Por ejemplo, la familia Marset García ya había estado en el mismo país solo dos meses antes, entre el 15 y 22 de abril, cuando Sebastián y otros procesados en el caso A Ultranza supuestamente participaron de un “congreso narco”.
Volviendo a aquel viaje del 7 junio de 2021, Marset, su mujer y sus hijos permanecieron en el país Emiratos Árabes Unidos por tres meses, periodo en el cual principalmente Gianina subía constantemente fotos a sus redes sociales presumiendo los lujos que se daban en la ciudad de Dubái. Es decir, no actuaban como si estuvieran escondidos.
El 10 de setiembre de ese año, Marset intentó salir de Emiratos Árabes Unidos rumbo a Grecia, con una escala previa en Turquía, pero fue detenido en el aeropuerto de Dubái porque intentó usar un pasaporte paraguayo falso que había conseguido en nuestro país.
Marset debía llegar a Grecia para cerrar el fichaje de cuatro futbolistas paraguayos por un club de la segunda división de dicho país europeo, entre ellos el arquero Víctor Centurión, ahora preso justamente por narcotráfico.
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En teoría, después de que se concretara esa transferencia, Marset tenía que volver a Paraguay.
Sin embargo, el capo uruguayo no pudo llegar a Grecia ni mucho menos volver a Paraguay, porque quedó preso en Emiratos Árabes Unidos.
Dos días después de la detención de Marset en Emiratos Árabes Unidos, el 12 de setiembre de 2021, fue asesinado en Paraguay el empresario Mauricio Daniel Schuartzman Parnes, quien fue justamente el que le consiguió al uruguayo el pasaporte paraguayo falso con el que este cayó preso.
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Por esto, la Policía, la Senad y la Fiscalía creen el que ordenó el homicidio de Schuartzman fue Sebastián Marset, quien oficialmente salió de nuestro país ya siete meses antes de que se ejecutara la operación A Ultranza.
Sebastián Marset finalmente salió de la cárcel de Emiratos Árabes Unidos el 28 de diciembre de 2021, tras conseguir un nuevo pasaporte uruguayo original que le vendieron las autoridades de su país. Ese tema sigue siendo motivo de escándalo también hasta ahora en Uruguay.
Lo siguiente que se supo de él fue que estaba en Bolivia, donde casi lo atraparon en 2023 y finalmente cayó ahora en 2026.
¿Le cobraron por darle información de sus causas?
La otra hipótesis sobre la salida de Marset de Paraguay apunta a que le cobraron mucho dinero por darle información sobre las dos investigaciones que estaban en curso contra él y su estructura en ese año 2021, una llamada Smart, a cargo del Comando Tripartito de la Policía Nacional y el fiscal de Crimen Organizado Lorenzo Lezcano, y la otra denominada A Ultranza, desarrollada por agentes especiales de la Senad y el fiscal de Narcotráfico Deny Yoon Pak.
Las dos investigaciones se desarrollaron en paralelo hasta la muerte de Schuartzman, cuando se le ordenó a los policías del Comando Tripartito que ya no movieran nada porque podrían apeligrar el caso de los agentes especiales de la Senad que ya estaba mucho más avanzado.
Esta decisión se consensuó entre los entonces ministros Zully Graciela Rolón Esquivel, de la Senad, y Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez, de Interior, según fuentes oficiales. También hubo supuestamente un acuerdo al respecto en la Fiscalía.
De hecho, Giuzzio compareció posteriormente en el Congreso ante la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Dinero y otros Delitos Conexos y reconoció que él y su equipo de la Dirección de Inteligencia estuvieron al tanto de la operación Smart desde su inicio.
Incluso, Giuzzio declaró que “apoyamos logísticamente todo el seguimiento, las fotos, la presencia acá en Asunción, los traslados; toda esa operación fue de alguna forma apoyada logísticamente por el Ministerio del Interior”.
Cuando eso, el ministro Giuzzio también denunció que repentinamente la cúpula policial del época ordenó el cambio de algunos jefes que investigaban a Marset, por lo que el caso tuvo que se comunicado al comandante, Luis Arias, al subcomandante, Víctor Balbuena, y al director general de Investigación Criminal, Julio Díaz.
“Grande fue nuestra sorpresa, que inmediatamente después, o poco tiempo después, me informan los investigadores que este señor Sebastián Marset y su familia aparentemente se desprendieron de todas sus cosas y volaron, literalmente, y desaparecieron del esquema”, dijo Giuzzio en el Congreso sobre la posible filtración a favor de Marset.
Uno de los que lideró la operación Smart fue el entonces subcomisario Fernando Ariel Ruiz Díaz Ortega, quien sufrió un atentado el 25 de abril de 2022, dos meses después de que la Senad ejecutara su caso A Ultranza.
El ahora ya exministro Giuzzio también llegó a apuntar contra la Senad, al declarar que Tío Rico tenía contactos importantes en la Senad, que le permitirían realizar su trabajo con tranquilidad, y que incluso le pidieron plata al capo para hacer desaparecer la investigación que estaba en curso.
Efectivamente, en algunos chats, Tío Rico se jactaba ante Marset de tener informantes en Inteligencia de la Senad.
Uno de los que dirigía esa oficina es Mauro Antonio Ruiz Díaz Vallejos, uno de los agentes especiales más influyentes de la época, quien después sería echado de la Senad por el actual ministro, Jalil Amir Rachid Segovia.
Paraguay debería presionar
Entonces, si Paraguay tuviera la oportunidad de participar en las eventuales negociaciones de Estados Unidos con Sebastián Marset, los temas como el homicidio de su primo y quién lo ayudó a escapar de nuestro país podrían ser incluidos entre puntos a ser revelados por el uruguayo como condición para acceder a una rebaja de su condena, por ejemplo.
Después, hay otros temas puntuales pero que ya están más avanzados en Paraguay, como su relación con el senador Erico Galeano, quien por lo menos ahora ya está condenado, y cómo recibían en nuestro país la plata que supuestamente cobraban la venta de cocaína en Europa.