El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dijo que la investigación principal por el asesinato de Marcelo Pecci recae en la justicia de Colombia, según su criterio, por la territorialidad de la ley penal. En ese sentido, puntualizó que el Ministerio Público ejerce únicamente un rol de “coadyuvante nada más” en el proceso.
“No se olviden que la única ley exclusivamente territorial es la penal. El territorio marca la vigencia de la atención. Yo no puedo ocuparme de un crimen que ocurrió en China, en Estados Unidos”, declaró.
Inclusive mencionó que existiría un “sesgo de ataque inmerecido”, ya que también argumentó que él asumió el cargo en el 2023, un año después del hecho registrado en mayo del 2022 en Colombia.
“El caso principal está en Colombia. Los tres eventos principales, primero, el asesinato de Pecci, segundo, la declaración de Francisco Correa Galeano, en Colombia y tercero, el asesinato de Correa Galeano, en Colombia. Son de ámbitos excluyentes de la Fiscalía de Colombia”, agregó durante una entrevista a la 1020 AM.
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Reacción de la familia Pecci - Aguilera
Lo que declaró el titular del Ministerio Público motivó una reacción por parte de la familia del agente y también la de su esposa, Claudia Aguilera.
“La familia del fiscal Marcelo Pecci y su equipo legal, expresamos nuestra categórica disconformidad y rechazo ante las reiteradas manifestaciones del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien insiste en escudarse en que la ‘jurisdicción principal es de Colombia’ y calificar la actuación local como una ‘simple cooperación internacional’”, sostienen.
Además, apuntan que “tales afirmaciones no solo desconocen la realidad procesal e institucional de la causa, sino que incluso ”restan trascendencia” a la búsqueda de los autores intelectuales del magnicidio.
Seguidamente, mencionan “con total firmeza” que existe una “incongruencia procesal e institucional”, porque aseguran que la causa inicial por cooperación internacional fue abierta durante la administración de la exfiscala general, Sandra Quiñónez. Además, le recuerdan que fue él quien abrió una carpeta fiscal en Paraguay con una numeración distinta e independiente, tipificada bajo homicidio doloso.
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Familia denuncia inacción fiscal
Otro punto que menciona la familia es que los fiscales Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Cristian Ortiz “no actúan dentro de una merecida o pasiva “cooperación”, sino en un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) articulado con sus pares colombianos.
Además, apuntan que al afirmar que Paraguay “se limita a cooperar”, también se desconoce el trabajo técnico de estos fiscales y genera contradicciones flagrantes entre lo que el fiscal general manifiesta públicamente y las líneas de trabajo real que maneja la propia fiscalía asignada al caso.
Sobre el origen de la orden criminal, subrayan que tanto el entonces comandante de la Policía Nacional de Colombia, Jorge Luis Vargas Valencia, como el entonces fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, “señalaron de manera pública e inequívoca” ya el 7 de junio del 2022, en conferencia de prensa desde la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, que la orden para ejecutar el magnicidio salió de territorio paraguayo.
“Pretender desconocer este vínculo directo con la jurisdicción nacional resulta inadmisible. insistimos al fiscal general Emiliano Rolón: no se excuse del trabajo que debe liderar amparándose en la tesis de la territorialidad cuando hay claros indicios que la orden y la planificación criminal se gestaron en Paraguay”, detallan.
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El pedido de la familia al fiscal General
“Si considera que Paraguay carece de jurisdicción o que es una mera asistencia pasiva, ¿por qué razón abrió en su momento una carpeta de investigación penal autónoma en nuestro país por homicidio doloso? Exponemos que una actuación contradictoria y evasiva con excusas procesales podría beneficiar o preparar el terreno para las defensas de quienes resulten imputados”, subrayan.
La familia incluso “ruega” a Rolón para que asuma “con dignidad, responsabilidad y compromiso real el liderazgo institucional” que el caso requiere, para honrar la memoria de Marcelo Pecci y también respaldando el trabajo de los fiscales investigadores “en lugar de entorpecer el proceso con justificaciones sin sustento e intentar distraer y confundir a la opinión pública”.
“Hacemos nuevamente un llamamiento a las autoridades judiciales y en especial a los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Mes tras mes, año tras año, se está consumando lo que venimos advirtiendo repetidamente, la impunidad... El Estado paraguayo a través de su sistema de justicia está fallando a un hombre que luchó por el país y también está fallando, y quitando esperanzas al pueblo paraguayo. No solo Marcelo Pecci, sus familiares y amigos merecen justicia. El Paraguay merece que la justicia sea la que castiga el crimen organizado, no que hoy se confunda en ser su aliada y cómplice”, concluyen.
El fiscal paraguayo Marcelo Pecci fue asesinado por sicarios el 10 de mayo de 2022 en una playa de la isla de Barú, en el Caribe colombiano, durante su luna de miel. Por este hecho, la Justicia colombiana condenó a siete personas como parte de la causa en ese país, que también derivó en detenciones en Venezuela y El Salvador.
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