Por séptima vez fue suspendida la audiencia preliminar durante la cual se debe definir si un comisario de la Policía Nacional, acusado por supuesto abuso sexual de su propia hija adolescente, será o no llevado a juicio oral y público.
La diligencia procesal debía desarrollarse este miércoles en Villarrica, pero finalmente fue postergada a pedido de la fiscala Noelia Soto, quien alegó que tenía fijada para la misma fecha otra audiencia correspondiente a un juicio oral.
La nueva suspensión se produce después de una serie de incidentes que han mantenido paralizado el proceso durante meses. La querella considera que varios de estos planteamientos constituyen maniobras dilatorias que impiden que la causa avance hacia la siguiente etapa.
En mayo de este año se registró la sexta suspensión de la audiencia preliminar.
Cuestionamientos de la querella
La abogada querellante cuestionó que, además de los sucesivos incidentes promovidos en el proceso, no se hayan adoptado medidas suficientes para evitar nuevas postergaciones. En ese sentido, anunció que solicitará la designación de un fiscal coadyuvante para garantizar la continuidad de la investigación y de las diligencias procesales.
Uno de los últimos obstáculos se encuentra relacionado con un recurso de apelación presentado por el acusado, bajo patrocinio de un abogado particular, contra la resolución que dejó sin intervención al abogado José David Bogado Lisboa como defensor.
La controversia se originó cuando Bogado Lisboa intentó asumir la defensa del acusado. Su presentación generó la inhibición del juez penal de Garantías Marcelo Ramírez, quien alegó la existencia de causales de enemistad y otros motivos que podían afectar su imparcialidad.
Posteriormente, también se inhibió el juez Derlis Duarte Rolón, por una situación similar. La jueza Marcela Mallorquín, que recibió el expediente posteriormente, impugnó ambas inhibiciones y sostuvo que no correspondía permitir que la designación de un nuevo abogado provocara el apartamiento de los magistrados. Este conflicto ya había sido señalado como uno de los motivos que trabaron la audiencia preliminar.
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El caso llegó incluso a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debido a una nueva controversia en el Tribunal de Apelación del Guairá. Uno de los magistrados se había inhibido de intervenir, alegando enemistad y otros motivos graves respecto del abogado José David Bogado Lisboa.
La Corte terminó haciendo lugar a la impugnación planteada por el camarista que debía intervenir en su reemplazo. En la resolución, la mayoría consideró que el magistrado no había fundamentado ni explicado concretamente las circunstancias que justificaban su apartamiento.
La ministra María Carolina Llanes sostuvo que la causal de enemistad invocada debía estar sustentada en hechos conocidos y que el magistrado no había identificado circunstancias concretas que permitieran justificar su inhibición. En consecuencia, consideró que correspondía hacer lugar a la impugnación.
El ministro Luis María Benítez Riera sostuvo una postura diferente y consideró que la inhibición del camarista debía mantenerse, argumentando que la situación procesal estaba directamente relacionada con la intervención del abogado y que debía garantizarse la imparcialidad del órgano jurisdiccional.
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Finalmente, la Sala Penal resolvió hacer lugar a la impugnación y dejar sin efecto la inhibición. La decisión permitió destrabar uno de los incidentes que mantenían al expediente en una situación de indefinición.
Otra posibilidad de postergación
La querella, sin embargo, aduce que todavía existe un recurso pendiente de resolución relacionado con la intervención del abogado particular. Según explicó, el acusado actualmente cuenta con un defensor público, por lo que cuestiona que pueda litigar simultáneamente con un defensor privado que aún no tiene reconocida formalmente su personería en la causa.
Según la querella, el conflicto adquiere especial relevancia porque el Código Procesal Penal establece el deber de las partes de litigar de buena fe y evitar planteamientos dilatorios. La normativa también contempla restricciones para la designación posterior de abogados que puedan generar la inhibición de los magistrados intervinientes.
En antecedentes del caso, la defensa ya había recurrido a cambios de representación que terminaron provocando sucesivas inhibiciones y derivaciones del expediente. La sexta suspensión, registrada en mayo, estuvo vinculada precisamente con la aparición de un nuevo defensor y las consecuencias que esta designación produjo en el juzgado.
La acusación
La Fiscalía, por su parte, ya presentó acusación contra el comisario y solicitó que la causa sea elevada a juicio oral. La investigación sostiene que los hechos denunciados habrían comenzado en marzo de 2021, cuando la víctima tenía 13 años, y se habrían extendido hasta 2023.
De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el Ministerio Público reunió declaraciones testimoniales, informes psicológicos, estudios médicos forenses y otros elementos que considera relevantes para sustentar la acusación. El acusado permanece con prisión preventiva en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.