Clan Fretes ocultó colosales movimientos de dinero a la CGR

Revelaciones contundentes detallan los informes preliminares de la Contraloría General de la República (CGR) tras el examen de correspondencia de los bienes del exministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Antonio Fretes; el hijo de este, Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano, y su pareja, Adriana Florentín Oliver. Los análisis se realizaron a partir de las declaraciones juradas presentadas por el exintegrante del Poder Judicial y sus familiares más cercanos durante su paso por la Función Pública.

Participaciones accionarias millonarias en las empresas RÍO SALADO SA, AHORAITÉ SA y TEBICUARY CAMPOS & HACIENDA SA; bonos del banco Continental y depósitos en guaraníes como en dólares son algunas de las inversiones que los miembros del clan Fretes realizaron entre 2001 y 2022, pero no hicieron constar en las respectivas declaraciones juradas presentadas en ese lapso.

Además, aparecen vehículos como también inmuebles adquiridos en efectivo y al contado, según los documentos. El estudio no incluyó la manifestación de bienes que el exministro tuvo que haber presentado el 10 de marzo último cuando salió del cargo. Antonio Fretes no respondió los requerimientos de la Contraloría y pasó por alto el plazo de 15 días establecidos en las leyes.

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Lo llamativo es que a pesar de estos antecedentes y que ya transcurrieron más de cuatro meses de que Antonio Fretes dejó de ser integrante del Poder Judicial, el ente de control tampoco –hasta la fecha– le aplicó las sanciones establecidas.

Escondió desde inmuebles hasta bonos en un banco

El exministro de la Corte Antonio Fretes es el que figura con mayor cantidad de observaciones del ente de control. Tiene desde contradicciones entre sus DDJJ y la Dirección Nacional de Registros Públicos sobre la cantidad de propiedades, rodados no declarados, al menos tres cuentas bancarias abiertas en conjunto con su hijo Asdrúbal Fretes hasta un Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) por G. 300 millones en el banco Itaú sin rastro alguno en sus manifestaciones de bienes.

El exmiembro de la Corte también figura con colocaciones de capital en el sector financiero a través de bonos emitidos por el Banco Continental por G. 400 millones. Esta inversión la realizó en el año 2010 con vencimiento al 2017, detallan los registros.

Antonio Fretes igualmente salta con 114 animales vacunos registrados en 2016 ante el Senacsa, pero llamativamente, ninguno de ellos hizo constar en su declaración jurada presentada el 18 de agosto de 2016. El exministro también integró acciones por un monto global superior a G. 4.400 millones en dos empresas: AHORAITÉ SA, dedicada al negocio de préstamos, y TEBICUARY CAMPOS & HACIENDA SA, inscripta para el rubro inmobiliario, pero aparece integrando otras empresas del negocio de crédito.

Sugestivamente, en el informe del ente de control se citan los montos, pero no se incluyó la falta de declaración de la participación societaria del exministro Fretes como una observación.

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Como hallazgo se menciona solo la operación de transferencia del paquete accionario entre Antonio Fretes y su hijo Asdrúbal Fretes, pero, según el documento, no se dispone de la fecha exacta cuando se realizó el traspaso total. Agrega que tampoco se dispone de la fecha desde la que Antonio Fretes es accionista.

El informe detalla que el exintegrante del Poder Judicial no declaró al menos dos cuentas bancarias como tampoco una lujosa camioneta que adquirió AL CONTADO Y EN EFECTIVO por más de US$ 41.500, alrededor de G. 290 millones a la cotización actual.

Antonio Fretes ocupó el cargo de ministro de la Corte durante 21 años y 4 meses. En el portal web de la Contraloría figuran 13 DDJJ presentadas en ese lapso.

Para el examen de correspondencia se tomaron documentaciones de entre 2016 y 2022. Falta su manifestación de bienes de cuando dejó el cargo el 10 de marzo último. El exintegrante del Poder Judicial no la presenta pese a que ya transcurrieron 4 meses de su salida y venció el plazo establecido en las leyes.

Invertía millones con un exiguo salario

Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano, hijo del exministro Antonio Fretes, es otro al cual se le realizó examen de correspondencia. Se verificaron siete declaraciones juradas presentadas entre 2008 y 2016 cuando era funcionario del Ministerio Público.

Su salario mensual en ese lapso comenzó con G. 2.700.000 llegando a G. 6.500.000.

Los datos refieren que Asdrúbal Fretes –siendo empleado de la Fiscalía y con un exiguo salario– tenía un automóvil Mercedes-Benz, valuado en G. 100 millones, media docena de cajas de ahorros abiertas y préstamos obtenidos entre 2010 y 2011. Sin embargo, nada de esto declaró ante el ente de control.

Asdrúbal Fretes igualmente adquirió en 2016 un Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) por G. 140 millones en Visión Banco.

Otra observación sobre el hijo del ex máximo integrante del Poder Judicial tiene que ver sobre sus millonarias participaciones accionarias en empresas sin comunicar nada al ente de control. Aparece que en 2008 –pocos meses después de ingresar como funcionario del Ministerio Público– ya tenía acciones por G. 750 millones en TEBICUARY CAMPOS & HACIENDAS SA, mientras que para 2015 integraba las compañías RÍO SALADO SA y AHORAITÉ SA, con G. 2.100 millones y G. 100 millones, respectivamente.

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Asdrúbal Fretes no solo ocultó sus acciones sino también los ingresos provenientes de esa inversión, señala como otro hallazgo. Asimismo, el hijo de Antonio Fretes en 2010 siendo funcionario del Ministerio Público y con un salario entonces de alrededor G. 4 millones adquirió dos bonos del banco Continental, por G. 200 millones y G. 300 millones, respectivamente, y totalizando G. 500 millones.

El vencimiento de estas colocaciones eran 2017, al igual que el del exministro de la Corte.

Declaró menos participación

Adriana Florentín Oliver, pareja de Asdrúbal Fretes y nuera del exministro Fretes, también tuvo observaciones tras el examen de tres declaraciones juradas presentadas entre 2015 y 2019, como funcionaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Florentín Oliver figura como empleada del Poder Judicial desde el 2014 y comenzó siendo técnico administrativa, con un salario de G. 4.500.000 mensuales.

A partir de julio de 2015 logró su nombramiento como relatora del Poder Judicial con una remuneración de casi G. 7 millones. Actualmente, su sueldo orilla los G. 12 millones mensuales, según las planillas.

Lo llamativo es que Florentín Oliver con ese bajo salario aparece en su declaración del 2019 participando en la empresa AHORAITÉ SA, con acciones por G. 230 millones. Sin embargo, la misma sólo declaró G. 200 millones de participación accionaria, es decir, ocultó G. 30 millones, según el informe.

La nuera del exministro tampoco declaró un inmueble y dos vehículos. Asimismo, aparecen cuatro cajas de ahorro en diferentes entidades bancarias y la cooperativa San Cristóbal.

Unas de las observaciones más importantes del informe parcial del ente de control es el análisis de la sustentabilidad patrimonial de Adriana Florentín que arrojó un resultado negativo de G. 149 millones, o sea, que el crecimiento por ese monto no estaría bien justificado, según el informe preliminar.

Más de G. 400 millones sin sustento

El exsíndico de Quiebras Blas Manuel Velázquez y su esposa, la jueza Clara Raquel Isasi, figuran juntos con varias observaciones tras el examen de correspondencia de sus DD.JJ.

Tanto Velázquez como Isasi saltan en las diferentes denuncias como supuestamente parte de una rosca protegida por el clan Fretes, cuyo principal referente es el exministro Antonio Fretes, para el supuesto despojo de tierras, en especial, los que estaban bajo el dominio de la Sindicatura General de Quiebras, por muchos años considerada feudo del exmáximo integrante del Poder Judicial.

Precisamente, uno de los principales hallazgos de la pareja es un incremento patrimonial no sustentable, por un monto global de G. 400 millones entre diferentes declaraciones juradas.

Asimismo, la pareja en conjunto no declaró cuatro vehículos en sus respectivas manifestaciones de bienes. Velázquez no hizo constar un automóvil Mercedes Benz, mientras que la magistrada “escondió” tres rodados, dos camionetas y un automóvil.

El exsíndico figura como titular de un contrato de seguros para una lujosa camioneta. El valor asegurado es de G. 320 millones, pero, nada de esto aparece en sus DD.JJ.

También se cita en el informe inconsistencias entre las declaraciones impositivas sobre ingresos y egresos de Blas Velázquez y Clara Isasi. Según el documento, la jueza Isasi no declaró en su formulario de Impuesto a la Renta Personal (IRP) todos sus ingresos alcanzados por el IVA y de la Función Pública. Su salario actual mensual como magistrada es de G. 24 millones.

En el caso de Velázquez, en tanto, se menciona que en el formulario de IRP declaró un monto menor correspondiente a sus ingresos a la Función Pública. Sus últimas remuneraciones mensuales orillaban G. 23 millones.